El fiscal pide ahora imputar a Chaves por malversación
Nueva pieza de los ERE Pide que el ex presidente declare junto a Zarrías y cuatro ex consejeros, por disponer «arbitrariamente» de fondos para un préstamo millonario a una empresa
Apenas doce días después de que fuesen condenados en la conocida como «pieza politica» de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla la imputación del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y de los ex consejeros Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera y el de Innovación Francisco Vallejo y Guillermo Gutiérrez por la concesión de un préstamo de 5,8 millones concedido en 1999 a una conocida empresa cárnica de Jaén. Todos ellos, excepto Gutierrez, fueron igualmente condenados en la sentencia del «caso ERE».
Anticorrupción pide igualmente la imputación del ex director de Trabajo Javier Guerrero, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex presidente del IFA Salvador
Durbán y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. El Ministerio Público entiende que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público considera que de ese préstamo no fueron devueltos a la Junta de Andalucía 3,7 millones de euros, lo que sería la base del delito de malversación. Esas ayudas, otorgadas como «crédito puente» fueron declaradas nulas posteriormente por la Comisión Europea, por lo que el Gobierno las recuperó, pero al ser entonces inviable la empresa la Junta le concedió esa cantidad bajo la modalidad de «crédito puente».
Precisamente, sobre ese préstamo el Ministerio Público señala en su escrito que «nunca tuvo voluntad de ser cobrado –por la Junta– y que, en al menos en febrero de 2005 «no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo».
Al no haberse amortizado el préstamo en 2005 y teniendo en cuenta el plazo para su pago finalizado el plazo de carencia iba de 2002 a 2008, la posible malversación se consumaría cuando el importe del préstamo «deje de ser considerado un activo» para la empresa y pasa a ser una pérdida. Este dato es más que relevante para determinar la posible prescripción del delito, ya que al poder constituir los hechos los delitos de prevaricación en concurso con otro de malversación, el plazo sería de 15 años, es decir, 2020.
La conclusión a la que llega la Fiscalía es que podría deducirse que bajo el «paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación» de caudales.
Como diligencias, solicita la Fiscalía al juez que se requiera a a la Junta de Andalucía el expediente completo del «crédito puente», así como una copia del remitido al Consejo de Gobierno que presidía Manuel Chaves para su aprobación definitiva el 9 de noviembre de 1999.
De aceptar el juez José Ignacio Vilaplana las pretensiones de la Fscalía, habría que enroscar una nueva investigación que excede el período ya sentenciado, que abarca dde 2000 a 2009, y que nada tendría que ver con la partida conocida como «fondo de reptiles», que nutrió buena parte de las ayudas con la que los gobiernos andaluces del PSOE subvencionaron los expedientes de regulación de empleo en aras de mantener la «paz social»
Chaves y Zarrías fueron condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.