El «procés» le ha costado ya 2.100 millones a Cataluña
LA REGIÓN HA DEJADO DE CREAR 30.000 EMPLEOS Las acciones de los dos últimos años han supuesto, además, la pérdida de 700 millones de recaudación
España nos roba. Y como nos roba, si logramos independizarnos, seremos más ricos, les dicen los precursores del secesionismo catalán a sus seguidores. Lo que los independentistas no dicen a sus acólitos es que mientras su anhelada independencia llega –o no–, Cataluña se está empobreciendo por el camino. Porque el «procés» está dejando una abultada factura. Según un análisis publicado en el blog de economía «Nada es gratis» por Javier Ferri, profesor de la Universidad de Valencia, investigador asociado del laboratorio de ideas Fedea y que colabora como investigador con los Ministerios de Economía y Hacienda, hasta ahora, el desafío independentista ha dejado ya una factura que asciende a 2.100 millones de euros.
El análisis de Ferri, titulado «El coste económico de los conflictos separatistas: País Vasco, Reino Unido y Cataluña», parte de un estudio publicado por BBVA Research
que construye una economía sintética, un «alter ego» de la catalana a partir del resto de comunidades autónomas españolas. La variable de interés en el trabajo es el empleo en el sector privado, medido por afiliación a la Seguridad Social y tomando como punto de corte de referencia el mes de diciembre de 2016.
A partir de estos datos, el autor concluye que la tasa de crecimiento del empleo en el sector privado en Cataluña ha sido en promedio un 0,5% inferior a la de la región sintética, lo que equivale en la actualidad a 30.000 empleos menos, comparado con la ocupación que habría tenido una región gemela que no hubiera recibido los «shocks» que han afectado a Cataluña en los últimos dos años.
La brecha entre el empleo creado en la región sintética y Cataluña no es constante. Como refleja el informe, tiende a ampliarse en los periodos de mayor conflictividad. Si a este empleo privado se le suma el público, la diferencia desaparece, lo que viene explicado, según el autor, por el mayor crecimiento del empleo público en Cataluña con respecto al resto de España.
Teniendo en cuenta la tasa de empleo y de actividad media de Cataluña, el estudio concluye que perder 30.000 empleos sería equivalente a que, con todo lo demás igual en la región sintética, en una población del tamaño de Granollers todos sus trabajadores se quedaran sin empleo. Considerando que el PIB por empleado representa alrededor de 70.000 euros, el coste del «procés» rondaría los 2.100 millones de euros en términos de riqueza, según los cálculos de Ferri. En términos porcentuales, representaría el 0,9% del PIB de esta comunidad autónoma, cuyo producto interior bruto nominal es de 231.272 millones de euros.
En términos de recaudación para las arcas públicas, y tomando como referencia una presión fiscal de un tercio del PIB, la pérdida de recaudación asociada a la destrucción de 30.000 empleos sería equivalente a una pérdida de 700 millones de euros. Tal cantidad es equiparable al 70% del déficit de la Generalitat de Cataluña
en 2018, concluye Ferri.
Tanto el «procés» catalán como la actividad terrorista que mantuvo ETA durante décadas no sólo en el País Vasco sino en toda España tienen evidentes efectos sobre la economía. El dinero huye siempre de la incertidumbre. En el caso del País Vasco, la proliferación de los atentados de ETA a gran escala a partir de 1975 provocó que el PIB real per cápita en esta comunidad autónoma cayera rápidamente y la brecha con respecto a la misma región sin terrorismo se mantuviese relativamente estable en torno a un valor del 10% durante los siguientes veinte años. Ferri, en una aproximación rápida a partir del estudio «El coste económico de los conflictos. El caso del País Vasco», del profesor del Departamento de Economía del Massachusetss Institute of Technology (MIT) Alberto Abadie y de su colega de la Universidad del País Vasco Javier Gardeazabal, estima una pérdida acumulada de 33.000 euros por habitante desde 1975 a 1995 (a precios de 2018).
El terrorismo de ETA
hundió un 10% el PIB del País Vasco y provocó pérdidas de 33.000 euros por habitante