El gobierno chino pierde credibilidad sobre el Coronavirus por el continuo baile en las cifras de fallecidos.
El COVID-19 amenaza la confianza en el
partido Desde que estallara una tormenta de críticas por la gestión de la epidemia el Gobierno chino ha intensificado sus mensajes para paliar el descontento sin conseguirlo. Si el jueves cambió el diagnóstico y elevó el número de víctimas, ayer lo volvió a bajar
LaLa muerte de Li Wenliang, el oftalmólogo que alertó ya en diciembre sobre la epidemia que a China se le venía encima a causa de un nuevo coronavirus, no ha sido en vano. Desde que se conociera que este médico falleció la semana pasada a causa del mismo virus del que avisó, en China algo se tambaleó. Numerosos ciudadanos no se lo pensaron dos veces para elevar su voz en las controladas redes sociales chinas. Tampoco algunos empresarios y figuras reconocidas. E incluso los medios estatales se hicieron eco de una muerte evitable, la del que desde entonces se ha erigido en una suerte de héroe nacional.
Aquel día por la noche la censura china tardó unas horas en sacar a pasear sus tijeras digitales, dejando cierto margen para que las voces críticas hicieran su papel. Los mensajes de malestar y la ira de los ciudadanos sobre la gestión que se ha hecho de la actual crisis se pasearon por la red con alegría en lo más parecido a una protesta que ha vivido
China desde que en 1989 tuviera lugar la revolución estudiantil y posterior matanza de Tiananmen. «Era una figura ordinaria, pero un símbolo», afirmó Zhang Lifan, un historiador independiente de Pekín al diario WSJ. «Si no fuera por la epidemia y nadie pudiera abandonar su hogar, probablemente habría manifestaciones en este momento. Los funcionarios están absolutamente preocupados», añadió.
Desde entonces, esas voces se han multiplicado en diferentes formatos. Tampoco ha ayudado el baile de cifras ofrecido por las autoridades en los últimos días. Si este jueves se modificó la forma de contabilizar los casos, lo que supuso un incremento de 13.500 casos de contagio en 24 horas; ayer las autoridades chinas tuvieron que rectificar el número de muertos provocados por el coronavirus. La confusión vino a raíz de que el jueves situaron la cifra de finados en 1.367 personas, a la que ayer le sumaron 121 más decesos, dejando el número en 1.488. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud, sin dar demasiados detalles, restó
ayer 108 fallecidos a ese total al descubrir «estadísticas duplicadas» en la provincia de Hubei y dejando el guarismo final en 1.380 finados.
Todas estas idas y venidas han generado mayor malestar entre unos ciudadanos que no suelen poner en duda la capacidad de sus autoridades, ya que confían aún a costa de ver sus libertades restringidas en que el partido, que elige a los mejores de entre los mejores para gobernar, vele por su prosperidad y seguridad. En el país no queda mucho espacio para la crítica y, por eso, la cuestión velada tras lo sucedido con el doctor Li es por qué Pekín dio cancha a esos ciudadanos enfadados. Mientras algunos creen que fue un fallo del sistema aprovechado para mostrar el hartazgo sobre la falta de libertad de expresión, otros consideran que fue un movimiento estudiado del Gobierno central para separar el papel en el manejo de la situación de los mandamases del PCCh y el de las autoridades locales de Wuhan, a quienes acusan de no haber reaccionado a tiempo.
De uno u otro modo, se abrió la caja de Pandora y comenzaron a llegar voces -la mayoría desde Occidente- aventurando que China podría estar a las puertas de un nuevo Tiananmen o de un «momento Chernóbil». Especialmente ahora, cuando el país mantiene varios frentes abiertos. A la guerra comercial con Estados Unidos, se suman otros asuntos en Hong Kong, Taiwán o Xinjiang. Precisamente, en el interior del país se hizo pública esta semana una petición en línea de cientos de ciudadanos chinos liderados por académicos solicitando a la legislatura nacional que proteja el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, todo un desafío para el todopoderoso Pekín, a quien Washington ayer acusó de «falta de transparencia» tras la confusión de cifras. La petición, dirigida al Congreso Nacional del Pueblo, persigue, entre otros objetivos, proteger el derecho de las personas a la libertad de expresión, hacer del 6 de febrero día en el que murió Li- un día nacional para la libertad de expresión y asegurar que nadie sea castigado, amenazado, interrogado, censurado o encerrado por su discurso, reunión civil, correspondencia o comunicación.
«El contrato social entre el partido y la gente, garantizar el bienestar popular y proporcionar prosperidad económica cada vez mayor, está sufriendo unas tensiones a nivel nacional de un modo que no recuerdo en las últimas décadas», aseguraba el sinólogo Bill Bishop, No obstante, para frenarlas, Pekín ya ha puesto su maquinaria a trabajar. Con el fin de mostrar a la sociedad que quien ahora está al mando de la gestión del brote es el Gobierno central y hacer ver a sus ciudadanos que el asunto del doctor Li no llegó a sus oídos, optó por enviar a Wuhan una delegación de la Comisión Nacional
de Supervisión para aclarar la situación por la que amonestaron a este médico tras alertar del nuevo coronavirus y estudiar la fallida respuesta inicial a la crisis.
Como consecuencia de esa investigación, el lunes ya comenzaron a rodar cabezas y se destituyó a dos altos funcionarios de la provincia de Hubei. Concretamente, a Zhang Jin y Liu Yingzi, jefe y director de la comisión de salud en Hubei, respectivamente, que han sido sustituidos por Wang Hesheng, subdirector de la Comisión Nacional de Salud de China. A ellos le siguieron otros dos pesos pesados de la provincia, el secretario general del PCCh en Hubei, Jiang Chaoliang; y el de Wuhan, Ma Guoqiang.
El Departamento de Propaganda también ha enviado a 300 periodistas a Hubei para garantizar una narrativa más positiva de una situación que ya ha dejado más de 1.300 muertos y 64.000 infectados en casi una treintena de países. Y en otro intento por calmar los ánimos, ayer revelaron por primera vez que el número de trabajadores sanitarios infectados por el COVID-19 ascendía a 1.716 trabajadores, de los cuales seis habían muerto, al tiempo que insistieron en las duras condiciones a las que se enfrentan los facultativos debido a la escasez de equipos de protección y mascarillas y las prolongadas jornadas de trabajo.
Mientras tanto, la censura ya ha hecho desaparecer noticias sensibles sobre el tema e incluso a personas como Chen Qiushi, un abogado y periodista que desde que comenzó la crisis habia publicado vídeos del interior de los saturados hospitales que tratan de combatir la enfermedad. Aunque de Chen todavía no se sabe nada, mantener silenciados a tantos millones de personas en un momento tan crítico como el actual no se antoja tarea fácil.