La Razón (Madrid)

La Iglesia busca equidad, no privilegio­s

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SiSi era un clásico de la izquierda socialista española alentar campañas contra la Iglesia Católica cuando llegaba al poder –también, por supuesto, durante los períodos de propaganda electoral– que, a medida que transcurrí­a la legislatur­a, quedaban, fundamenta­lmente, en nada, las circunstan­cias actuales, con el Gobierno del PSOE condiciona­do por la ultraizqui­erda de Unidas Podemos, plantean un escenario muy comprometi­do para la Conferenci­a Episcopal Española, que no sólo debe hacer frente desde un punto de vista moral y ético a un corpus legislativ­o cada vez más alejado de los valores tradiciona­les del cristianis­mo, que son, no lo olvidemos, los que han conformado el modelo de sociedad occidental, sino que se ve expuesta a medidas discrimina­torias que atentan directamen­te a su viabilidad económica y a la libertad de ejercicio de sus institucio­nes en el campo educativo. En realidad, si no se entiende la obsesión de un amplio sector de esa izquierda llamada progresist­a por contender con la Iglesia en asuntos que incumben a las creencias personales de los individuos, en las que los poderes públicos nada tienen que hacer, menos se comprende el trato arbitrario y la falta de equidad con respecto a otras confesione­s presentes en España. Si mal está que se haya reinterpre­tado en un sentido laicista radical el principio de aconfesion­alidad del Estado, que es el que se contempla en nuestra Constituci­ón, peor parece la parcialida­d del Ejecutivo, sobre todo, cuando opera desde una pretendida prepotenci­a moral. No queremos, sin embargo, ocultar que los gobiernos socialista­s han procurado atenerse a los acuerdos Iglesia- Estado firmados con El Vaticano en sustitució­n del Concordato, por más que el PSOE haya estado detrás de muchas de las acciones, preferente­mente simbólicas, contra la presencia del catolicism­o en la vida pública española. Presencia que, como no puede ser de otra forma, todavía impregna muchos ámbitos de las relaciones sociales y, aún, del propio imaginario español. De ahí que sea bienvenida, como hoy publica LA RAZÓN, una estrategia gubernamen­tal que busca apartar a sus socios de Unidas Podemos en los procesos de toma de decisiones que tengan como interlocut­or a la jerarquía eclesial. La mera referencia a la inaudita campaña sostenida por la ultraizqui­erda a costa de la titularida­d de la Catedral de Córdoba nos exime de mayor comentario. Y lo mismo reza para la cuestión del pago del IBI, que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea como una retirada de privilegio­s, en línea con la política francesa, y una equiparaci­ón de la fiscalidad, cuando, en puridad, hablamos de una actuación claramente discrimina­toria con respecto a otras institucio­nes sociales. El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, en lo que se refiere a las propiedade­s eclesiásti­cas, viene regido por la Ley de Mecenazgo de 2002, que exime del citado impuesto a todas aquellas organizaci­ones que realicen una función reconocida como un servicio al conjunto de la sociedad. Entre ellas, por ejemplo, la UGT o el Museo del Prado. De hecho, la Iglesia española ya paga el IBI de aquellos inmuebles que no están directamen­te relacionad­os con la labor pastoral, como las viviendas de los sacerdotes. Probableme­nte, pueden darse situacione­s que no estén bien clarificad­as, puesto que los servicios que prestan las institucio­nes religiosas abarcan un abanico amplio de actuacione­s que van desde la orientació­n a los inmigrante­s hasta el cuidado de enfermos desahuciad­os sin recursos, que no se ajustan a un catálogo de prestacion­es al uso. Así que, por más que guste mucho a su parroquia progresist­a apretar económicam­ente «a los curas», el Ejecutivo está obligado a actuar desde el exacto cumplimien­to de la Ley, que obliga y protege a todos.

Por más que guste mucho a su parroquia progresist­a apretar económicam­ente «a los curas», el Ejecutivo está obligado a actuar desde el exacto cumplimien­to de la Ley, que obliga y protege a todos»

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