Los IPC negativos rebajarán las subidas de las pensiones
La Seguridad Social negocia un mecanismo corrector progresivo
La Seguridad Social negocia con los agentes sociales un mecanismo que incorporará los IPC negativos y que pretende garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, según han confirmado a este diario fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá. Este mecanismo «modularía» las subidas en los años posteriores siempre que la aplicación de esos IPC a este factor corrector aún por determinar así lo requiriera.
El titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha descartado reducir las pensiones si el Índice de Precios de Consumo es negativo y aboga por «regularizaciones posteriores para que el objetivo de mantenimiento del poder adquisitivo se respete a lo largo del tiempo», como anunció en una entrevista concedida el pasado fin de semana a «El Periódico».
Escrivá sostiene que «si hay años en los que, bien se produce una caída del IPC y por tanto una ganancia de poder adquisitivo, o bien hay años en los cuales la inflación termina por debajo de la cifra esperada que ha fijado la pensión para ese año, habrá un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible».
La Seguridad Social pretende cerrar un acuerdo «en pocas semanas» con los agentes sociales sobre la fórmula de mantenimiento mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada. El Gobierno pretende llevar estas medidas al Congreso de los Diputados antes de la primavera.
«Antes de proponer el segundo bloque de reformas, aún tenemos que hacer números y cálculos, que pondremos a disposición de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitación parlamentaria para que esté en vigor en enero del 2022», avanzó Escrivá en la entrevista.
Esperanza de vida
En esta segunda etapa se abordarán tanto la sustitución del factor de sostenibilidad de las pensiones, que tiene en cuenta la mayor esperanza de vida y cuya aplicación está postergada a 2023, como la polémica propuesta del ministro para alargar progresivamente de 25 a 35 años el periodo de cotización, restando los peores años de la vida laboral, que sirve de base para calcular la cuantía de cada pensión y que ha desatado las críticas abiertas de Podemos, que anuncia que no apoyará esta propuesta.
Sobre la posibilidad de introducir un nuevo factor que incorpore la esperanza de vida de acuerdo a varios parámetros –como la evolución del mercado laboral o del PIB, entre otros– Escrivá defiende que «no se traslade la carga del ajuste de forma automática sobre los nuevos pensionistas», con poca capacidad de adaptarse, que es lo que implica el modelo del 2013, que vamos a derogar».