CONTRARREFORMA DE LAS PENSIONES FINANCIERAMENTE INSOSTENIBLE
ELIMINAR LA REFORMA DE RAJOY SIN OTRAS MEDIDAS DE AJUSTE SÓLO CONTRIBUIRÁ A DISPARAR EL GASTO
El Gobierno está cerrando ahora mismo el acuerdo con los agentes sociales sobre la primera fase de la reforma del sistema de pensiones. El objetivo de momento es asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas volviendo a indexar sus ingresos al IPC: es decir, el objetivo es derogar la reforma de las pensiones del año 2013 aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
A este respecto, conviene recordar que la finalidad última de esta última reforma jamás fue la de congelar el poder adquisitivo de los pensionistas, sino la de cerrar la brecha existente entre ingresos y gastos dentro de la Seguridad Social por la vía de congelar las pensiones mientras esa brecha no desapareciera.
El llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (que así se denominaba a la limitación que impedía un incremento de las pensiones superior al 0,25% anual mientras subsistiera un déficit estructural en la Seguridad Social) tan sólo representaba una restricción presupuestaria frente a la irresponsabilidad financiera de los políticos: «Si ustedes no son capaces de aumentar los ingresos o de recortar otros gastos, entonces tienen vetado revalorizar las pensiones más de un 0,25%». O dicho de otra manera, el Gobierno de PSOE-Podemos podría haber mantenido intacto el Índice de Revalorización de las Pensiones, aplicar las reformas que creyese pertinente aplicar para solucionar el desequilibrio estructural entre ingresos y gastos y, una vez logrado semejante propósito, pasar a indexar las pensiones al IPC.
Pero al parecer han preferido quitarse la camisa de fuerza para volver a revalorizar las pensiones al IPC sin garantizar que el déficit a largo plazo de la Seguridad Social habrá sido solventado a través de las medidas que ha planteado hasta la fecha el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Por ejemplo, esta misma semana la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un valioso documento titulado «El futuro de las pensiones en España» y en uno de sus capítulos –«Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones», escrito por Ángel de la Fuente y otros– se pueden leer opiniones tan duras contra el actual Gobierno como la siguiente: «La contrarreforma de pensiones que el Gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas cuentas del sistema hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro (…) En ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas. Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos (…) resultaría necesaria (…) una subida de impuestos y/o cotizaciones sociales (…) que tendría que ser muy significativa y supondría sin duda una carga muy pesada para determinadas cohortes de trabajadores».
La razón de este juicio es sencilla de entender: eliminar la reforma de 2013 sin otras medidas de ajuste sólo contribuirá a disparar los gastos a lo largo de las próximas décadas, de modo que nos veremos abocados a una deuda creciente que se saldará o con suspensión de pagos, o con recortes abruptos de las pensiones venideras o con subidas brutales de impuestos. De la irresponsabilidad política de hoy nos responsabilizaremos, sin culpa, las generaciones futuras de pensionistas y trabajadores.