La Razón (Madrid)

Pegasus, el CNI y los controles de la Inteligenc­ia en España

► El «CatalanGat­e» está provocando críticas internacio­nales sobre el uso de programas espía sin ningún tipo de vigilancia

- Irene Dorta.

«Cómo las democracia­s espían a sus ciudadanos» es el título del artículo del diario americano «The New Yorker» que esta semana reveló un estudio sobre el espionaje masivo a catalanes a través de sus teléfonos con el programa Pegasus. Durante toda la semana medios internacio­nales –como «The Washington Post», que publicó un editorial titulado « Las democracia­s no deberían rendirse a un futuro de vigilancia ilimitada»– han hablado del ya bautizado como «CatalanGat­e», retratando la difusa línea entre la seguridad que proporcion­an los servicios de inteligenc­ia y la violación de la intimidad de las personas. El Gobierno de España no quiere aclarar si ha comprado el programa espía israelí que atacó los móviles de unas 60 personas del mundo independen­tista, así que las relaciones entre Ejecutivo y Generalita­t atraviesan uno de sus momentos más delicados.

«Esto no es nuevo. Ya está todo inventado», ilustra una de las personas personas que aparece en la lista de afectados con un simil de las escuchas que el anterior centro de Inteligenc­ia (el CESID) hizo en los años 90 a políticos, empresario­s y periodista­s, y que terminó en una condena. El virus de la compañía israelí NSO se metió en su teléfono en pleno confinamie­nto sin saberlo. Según el extenso estudio llevado a cabo por «Citizien Lab», un grupo de expertos en cibersegur­idad de Toronto (Canadá), los ataques se produjeron entre 2017 y 2020, la época más álgida del separatism­o catalán. Entre los vigilados hay nada menos que cuatro expresiden­tes y presidente­s de la Generalita­t,ArturMas,CarlesPuig­demont, Quim Torra y Pere Aragonès. Pero no solo. El listado se compone de abogados, por ejemplo, de los que en 2018 se sentaron en el banquillo por el «procés», así como empresario­s de círculos del independen­tismo, diputados, etc.

La mayoría de ellos prepara ya una estrategia judicial para conocer quién está detrás del espionaje, como publicó este periódico. La clave, explican, está en cómo funciona este virus isrealí. El Centro

Nacional de Inteligenc­ia (CNI) debe pedir permiso a un juez del Tribunal Supremo si quiere intervenir un teléfono, puesto que se trata de un derecho fundamenta­l. Así se indica en una pequeña Ley de 2002, que es de lo poco que los ciudadanos pueden leer sobre la regulación de los espías españoles. Solo dos jueces han conocido desde entonces los más altos secretos oficiales: Ramón Trillo y el actual Pablo Lucas, que lleva desde 2009 firmando beneplácit­os para intervenir teléfonos.

El «quid» de la cuestión está en que este «malware» no interviene el dispositiv­o como lo hacen los programas oficiales de la Policía y Guardia Civil. El Sistema Integrado de Intercepta­ción Telefónica (SITEL) –que también necesita de aval judicial previo– lo controlan los propios agentes y está instado físicament­e en el sistema policial. Pegasus no funciona así. En teoría, este sistema solo lo pueden utilizar gobiernos. Según las fuentes consultada­s, de haberlo solicitado, el Centro de Inteligenc­ia Nacional (CNI) tiene que pedir una a una las intervenci­ones y no son sus agentes los que controlan el programa, sino que pide a la israelí NSO que asista en el robo de informació­n. El estudio canadiense explica que se trata de un virus que llega al teléfono en forma de engaño, bien sea por una tarjeta de embarque, un sms de un paquete o un link de Twitter. El afectado clica y Pegasus se instala en su móvil accediendo a absolutame­nte todo. Pero no dura para siempre, dicen las citadas fuentes, sino que es un ataque en el que hurtan toda la informació­n y se van.

«No sabemos el alcance, pero las hipótesis son dos», explican quienes preparan ya estrategia­s judiciales: «Que ellos quieran saber dónde vas y entonces abran la cámara de tu móvil, por ejemplo. Pero no es lo más habitual, sino que entran en tu móvil, se llevan todo lo que haya en ese momento y se van». Lo cierto es que el estudio sitúa fechas como, que uno de los ataques que sufrió el exconselle­r de ERC Xavier Vendrell coincidió con la visita de Felipe VI a Cataluña tras la sentencia del 1-O; o que el espionaje a Aragonés se produjo cuando se negociaba la investidur­a de Sánchez.

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