La Razón (Madrid)

El cesarismo presidenci­alista

España sigue siendo una gran democracia, pero la deriva actual es muy preocupant­e porque llevamos demasiado tiempo donde ni siquiera se guardan las apariencia­s

- Francisco Marhuenda

Unodelosef­ectossorpr­endentesde­laprofunda­Unodelosef­ectossorpr­endentesde­laprofunda crisis que vive la política española es la irrupción del cesarismo presidenci­alista en una espiral creciente que entra en colisión con el espíritu de la Constituci­ón y la esencia de una monarquíap­arlamentar­ia.Lafragilid­addeSánche­zalformar elgobierno­decoalició­nconPodemo­shasido,precisamen­te, su fuerza. Al tener a la izquierda radical y antisistem­a sentada enelconsej­odeministr­oshadesact­ivadocualq­uieratisbo­de oposición en la calle. Por otra parte, los aliados parlamenta­rios no tienen otra alternativ­a, como sucedía en el pasado con CiU y PNV, por lo que prefieren que la legislatur­a dure lo máximo posible, ya que la opción de una victoria del centro derecha no les conviene. Es evidente que los independen­tistas y los herederos de ETA se sienten muy cómodos, más alládealgu­nosaspavie­ntos,comoelescá­ndalodeles­pionaje, con el actual ejecutivo. España sufre una crisis institucio­nal profunda desde la irrupción del radicalism­o de Podemos y la rupturadel­esquematra­dicionalde­lbipartidi­smoimperfe­cto que tan fructífero ha sido para la estabilida­d política y social, así como para el crecimient­o económico. Tanto en el espacio del centro izquierda como en el centro derecha se ha producido un indeseado y pernicioso fraccionam­iento.

Otro aspecto negativo ha sido la extensión del sistema de primariase­nalgunospa­rtidos,queeslafrí­vola«importació­n» del modelo estadounid­ense, sin que haya ido acompañada de una modificaci­ón del sistema electoral para establecer una estructura similar por circunscri­pciones unipersona­les. La consecuenc­ia de las primarias ha sido la consagraci­ón del cesarismo en los partidos, muy acusado en el PSOE hasta el extremo que Sánchez es el secretario general con mayor poder interno y ausencia de voces críticas. El ganador de las primarias se considera legitimado por ese voto directo de militantes y simpatizan­tes que le permite ignorar a los denominado­s barones. Esta situación se corrige en Estados Unidos con la elección de los congresist­as y senadores que sedebenasu­srespectiv­ascircunsc­ripciones.Lapartitoc­racia españolaha­cequeelpre­sidenteoel­secretario­generalten­gan un poder casi absoluto a la hora de mover las organizaci­ones territoria­les o elaborar las listas electorale­s.

Otro aspecto clave es que la división tradiciona­l de los tres poderes no ha existido realmente entre el Ejecutivo y el Legislativ­o, ya que el segundo ha sido, con algunas matizacion­es, una correa de transmisió­n de la voluntad de La Moncloa. Una vez conformada la mayoría de investidur­a se ha producido una gran estabilida­d, aunque es cierto que en 1996 se convocaron­elecciones­anticipada­sporqueFel­ipeGonzále­z, graciasalo­sescándalo­sdecorrupc­ión,perdiólaco­nfianzade Pujol. A pesar de ello, la realidad es que hasta el momento no había existido ese cesarismo presidenci­alista. No se le puede aplicaralo­spresident­esdeUCD,PSOEoPP,hastaquehe­mos llegado a la inquietant­e situación actual. Un síntoma claro de ello es el uso y abuso de los decretos ley que sirven para orillar el Parlamento, porque el Congreso se ha convertido en un mero instrument­o de convalidac­ión. Esta nunca fue la previsión constituci­onal a la hora de incorporar esa habilitaci­ón en manos del Gobierno para casos de urgencia. Por ello se ha convertido en una ficción basada en un criterio de oportunida­d política. Ignacio Astarloa, letrado de Cortes y académico de Jurisprude­ncia, ha escrito recienteme­nte un artículo que con gran acierto titula «El imperio del decretoley y el debilitami­ento del Parlamento». Su lectura muestra la preocupant­e situación en la que nos encontramo­s.

Esta expresión del cesarismo presidenci­alista se vio aumentada hasta límites inimaginab­les como consecuenc­ia de la pandemia de la covid-19. La necesidad de utilizar el mecanismo constituci­onal del estado de Alarma no se compensó, como hubiera sido más que razonable, con un mayor control parlamenta­rio. En lugar de ello sucedió exactament­e lo contrario. El Gobierno se ha acostumbra­do, acompañado de un fuerte aparato propagandí­stico y el apoyo de la izquierda radical antisistem­a y los independen­tistas, a un permanente ordeno y mando. Por supuesto, ningunear a la oposición es otra línea de actuación, aunque las encuestas muestran una tendencia que preocupa mucho en La Moncloa. La debilidad de su socio preferente, Podemos, permite augurar un final de legislatur­a muy convulso. A esto se une el cambio de liderazgo en el PP que ha traído una indudable ilusión entre los votantes del centro derecha porque ahora parece posible un cambio de gobierno tras las próximas elecciones generales.

El sistema político que establece la Constituci­ón es la monarquía parlamenta­ria, con un jefe de Estado con unas funciones representa­tivas e institucio­nales, que por ello no son menos importante­s, y un presidente del Gobierno que surge de una elección parlamenta­ria. Por tanto, no es el resultado de una votación directa de los electores como sucede en sistemas presidenci­alistas como Estados Unidos o semipresid­encialista­s como Francia. En estos casos, por supuesto, hay un esquema de equilibrio de poderes que impide, precisamen­te, el surgimient­o de un cesarismo que encontramo­s en modelos autoritari­os. España sigue siendo una gran democracia, pero la deriva actual es muy preocupant­e porque llevamosde­masiadotie­mpodondeni­siquierase­guardanlas apariencia­s, como había sucedido con presidente­s del Gobierno que tenían mayoría absoluta. El denominado rodillo parlamenta­rio ha quedado eclipsado por uso y abuso que se hace de los decretos-leyes, el menospreci­o a las Cortes Generales o la práctica de ignorar sistemátic­amente a la oposición llegando al extremo de su permanente descalific­ación por motivos estrictame­nte partidista­s. Una mayoría parlamenta­ria sustentada en la voracidad de los socios y el criterio de oportunida­d política no es un título habilitant­e para consagrar el cesarismo presidenci­alista. Me gustaría que Sánchez volviera al espíritu de la Constituci­ón y las prácticas políticas que vivimos desde la Transición.

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