La Audiencia estudia decretar el secreto de la investigación
► La Fiscalía ha pedido que las actuaciones del «caso Pegasus» sean reservadas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidirá próximamente si la investigación sobre la infección de los teléfonos móviles con Pegasus del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, se instruirá en secreto. Así lo solicitó ayer la Fiscalía para que las actuaciones se practiquen de forma reservada y ni siquiera los servicios jurídicos del Gobierno conozcan del asunto, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes fiscales.
Las indagaciones que comiencen a partir de ese momento, si así lo determina el juez, serán reservadas por el contenido sensible de las mismas y no se sabrá nada hasta que el magistrado decida que debe alzar el secreto. Las fuentes jurídicas consultadas indican que lo previsible es que Calama acceda al secreto porque se trata de un tema de una trascendencia total y con asuntos que podrían implicar secretos de Estado o que afecten a las relaciones con otros países de por medio. El juez dio traslado el pasado miércoles al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que ha asumido la investigación, para que se pronunciara en la querella que a primera hora del lunes interpuso la Abogacía del Estado buscando conocer quién esta detrás del «spyware» que se incrustó en el dispositivo de Sánchez los días 19 y 31 de mayo de 2021 y en el de Robles en junio de 2021. Un momento en el que en el calendario se había producido una de las mayores crisis migratorias que se recueran con unas 10.000 personas de Marruecos entrando en la frontera con Ceuta.
En el auto, el magistrado señaló indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secreto en el espionaje. Lo que quiere conocer es «la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado».
Toda esta madeja se inició el pasado fin de semana tras una análisis del Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende del CNI, en el que se identificó estos fallos de seguridad en los teléfonos oficiales. A petición del Gobierno después de conocer el espionaje a más de 60 personas del mundo independentista, los espías españoles confirmaron que también se habían producido interferencias en los móviles de Sánchez y Robles. Ahora el mismo CCN continúa analizando los dispositivos de otros miembros del Gobierno como las tres vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera.
El juez recordó que la información contenida en un móvil es un «espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad».