Objetivo: recuperar 54.000 empleos públicos perdidos
► El Gobierno y los sindicatos se reúnen desde hoy para acordar la oferta de plazas para este año
Las relaciones laborales entre Administración y sindicatos continúan tensándose. Con el acuerdo sobre el teletrabajo aún por cerrar –atascado en parte por el plan de Hacienda sobre el ahorro energético en la administración–, con varios departamentos en pie de guerra por la falta de recursos y de personal –como el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) o la Inspección de Trabajo, entre otros–, con cerca de 10.000 jubilaciones todavía sin cubrir –las producidas durante el pasado año, según fuentes ministeriales, aunque falta la confirmación oficial– y pendientes de aplicar las tasas de reposición –del 110%, como carácter general y del 120%, en los ámbitos prioritarios– ambas partes afrontan desde hoy la negociación de la oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2022, que incluye la aplicación de la ley para la reducción la temporalidad.
No va a ser una tarea nada fácil, teniendo en cuenta que CSIF ha vuelto a denunciar que la AGE ha perdido una cuarta parte de su plantilla, en torno a 54.000 puestos de trabajo a lo largo de los últimos diez años, que achaca a las sucesivas políticas de recortes que ha sufrido la Administración Central durante los últimos gobiernos, incluido el actual. Esta organización advirtió ayer en un comunicado de que saldrá a la calle «con una gran movilización si el Gobierno no está a la altura del esfuerzo realizado por los empleados públicos durante la pandemia».
El sindicato insiste en que ámbitos como la Seguridad Social o el SEPE se encuentran en una situación «muy crítica» y advierte de que las plantillas se encuentran «muy envejecidas», pues el 20,31% del personal de los ministerios tiene más de 60 años y el 61,98% tiene más de 50 años. Por ello, y ante la «situación de incertidumbre económica que afronta España», reclama una oferta de empleo público «suficiente» que garantice la viabilidad del sistema. De momento, el Gobierno ha hecho oídos sordos su petición de incorporar al menos al menos 43.700 nuevos efectivos. «Las ofertas de empleo público no han cubierto las necesidades estructurales de nuestros servicios públicos», criticó el sindicato, pese a que en
La Administración General del Estado ha perdido una cuarta parte de su plantilla en 10 años
2021 Función Pública aprobó una oferta de empleo de 30.445 puesto –23.491 correspondían a la Administración General del Estado y 9.509 de promoción interna–, un 8,5% más de lo presupuestado. Sin embargo, esa cifra fue insuficiente para las organizaciones sindicales, que exigieron mejoras adicionales: una planificación plurianual de las ofertas, que se elimine la tasa de reposición y la potenciación de la promoción interna, además de la recuperación de poder adquisitivo de los empleados públicos, que «arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%».
Ambas partes tienen los días contados para llegar a un acuerdo. Según la normativa vigente, la oferta de empleo público de este ejercicio debe publicarse antes del 1 de junio, por lo que el plazo para la negociación se ha reducido a apenas cuatro semanas.