El juez pregunta si debe imputar a Elena Collado
► El magistrado del «caso mascarillas» descarta que la funeraria del Ayuntamiento de Madrid falsificara documentos
El «caso mascarillas» sigue avanzando en el esclarecimiento de si se cometieron irregularidades con las comisiones millonarias que se embolsaron Luis Medina y Alberto Luceño y lo hizo ayer con dos decisiones para los próximos días: la de no citar a declarar al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, Fernando Sánchez González, -que fue el que firmó el contrato del material sanitario- y la de suspender la declaración de la responsable última de las contrataciones Elena Collado para preguntar a las partes si debe llamarla como testigo o si debe pasar a investigada.
El magistrado Adolfo Carretero, responsable del caso en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cree que no existió falsedad documental, ni obstrucción a la justicia por parte del gerente de la funeraria por lo que «no ha lugar a la ampliación de la imputación», indica en su escrito en respuesta a la petición que había realizado Más Madrid. El grupo municipal alegaba que existían diferencias entre las cartas de encargo de los tres contratos de emergencia de mascarillas, guantes y test rápidos de Covid-19 (vendidos por los comisionistas) que se entregaron en la Fiscalía Anticorrupción el pasado año cuando comenzó la investigación y las enviadas por el Ayuntamiento de Madrid en abril de 2020 cuando se produjo la compra del material.
Según el partido de Mónica García esas «manipulaciones» intentaban ocultar la vinculación del cargo político del Ayuntamiento con los actos administrativos y trataban de entorpecer las pesquisas. El consistorio se defendió explicando que eran documentos complementarios porque las primeras eran cartas de encargo, «de mero trámite», para la ejecución de los contratos de emergencia y las segundas se entregaron a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento a título informativo. El juez se posiciona con los servicios jurídicos de José Luis Martínez-Almeida y señala que aunque constan diferencias no hay una intención de manipular o alterar los documentos desvirtuando los efectos del mismo, algo que es necesario para aplicar el delito de falsificación. Así que lo descarta.
Por otro lado, la responsable de Hacienda y personal del consistorio, Elena Collado, estaba citada el próximo lunes para dar su versión sobre la compra del material con el que Medina y Luceño se embolsaron 6 millones de euros sin ella saberlo, según la versión que dio en Anticorrupción. El magistrado suspende la comparecencia y pregunta a las partes si debe imputarla. Aún así mantiene la declaración de la profesora de universidad María Díaz de la Cebosa que puso en contacto a Medina con el primo del alcalde.
También ayer Alberto Luceño indicó que no es capaz de asumir la fianza de 4.023.966, 94 euros que el magistrado le impuso para que, una vez habiéndole bloqueado algunas cuentas y un piso, sumara el total de lo que se llevó en 2020, unos seis millones de euros. «Por medio de este escrito, muy respetuosamente, venimos a comunicar», indicó el abogado del empresario, «la imposibilidad del Sr. Luceño de atender a la fianza impuesta». El magistrado Carretero informó de que en caso de que no hubiera pago procedería al bloqueo de los otros bienes que Hacienda localizara tanto en España como en el extranjero.
Luceño aclara que no puede pagar la fianza de más de cuatro millones de euros que se le ha impuesto