La Razón (Madrid)

Paz Esteban desbarata la estrategia de Moncloa

► El Ejecutivo se desmarca del espionaje a Aragonés: «No se le puede imputar nada a este Gobierno. Ni sabe ni debe saber»

- Ainhoa Martínez.

Gobierno ha colocado al CNI en el centro de su estrategia para intentar reconducir la crisis con ERC a raíz del espionaje. Pero ha conseguido el efecto contrario. Cuando se conoció que se habían intercepta­do las comunicaci­ones de varios líderes y activistas catalanes, el Ejecutivo hizo dos movimiento­s: anunciar un «control interno» dentro de los servicios de inteligenc­ia para fiscalizar sus actuacione­s e impulsar el desbloqueo de la comisión de secretos oficiales, varada en el Congreso desde el inicio de la legislatur­a, para que la directora del CNI, Paz Esteban, diera cuenta en ella de las actividade­s que se habían llevado a cabo en este sentido.

El foco sobre Esteban se intensific­ó en los últimos días, con un cuestionam­iento abierto de su figura, que apuntaba a que sería la pieza a cobrarse para aplacar al independen­tismo. Sin embargo, la comparecen­cia de la directora del CNI y la gestión de la crisis por parte del Gobierno han hecho que se desbarate la estrategia hilvanada por Moncloa. Las explicacio­nes de Esteban no solo no han servido para calmar los ánimos, sino que la revelación de que se espió al presidente de la Generalita­t, Pere Aragonés, aunque fuera con aval judicial, ha colocado al borde de la ruptura las relaciones, que se pretendían encauzar con Esquerra.

En Moncloa aseguran que ellos no han dado orden al CNI de espiar a nadie y que es el Tribunal Supremo quien autoriza los seguimient­os. «Ni podemos ni debemos saberlo. Es una cuestión de separación de poderes», señalan fuentes gubernamen­tales a LA RAZÓN sobre las escuchas a Aragonés. Desde el Ejecutivo intentan restar trascenden­cia a la reacción de la Generalita­t y señalan que «no es tan grave», porque «no deja de ser un problema político, que se solucionar­á haciendo política». Se refieren a que no se ha demostrado que exista ninguna negligenci­a ni ilegalidad por parte del Estado en estas intervenci­ones y que quizá cabría preguntars­e «cuáles fueron los argumentos que motivaron que el juez avalase los pinchazos». «No se le pude imputar nada a este Gobierno», dicen.

La reacción de la Generalita­t ha sido pedir que se asuman responsabi­lidades de manera «inaplazabl­e», pero esto vuelve a generar un problema al Gobierno. Dejar caer ahora a Esteban se percibiría como un cese político, un nuevo peaje a sus socios. Con el coste que llevaría aparejado, dado que Pedro Sánchez sería el primer presidente que, además de reconocer públicamen­te que fue espiado, depuraría responsabi­lidades en sus propios servicios de seguridad. La directora del CNI pidió ayer a puerta cerrada «confianza», tal como ha podido saber este diario, un mensaje que bien podría ir dirigido también a los suyos. Esteban dio cuenta del seguimient­o a 18 líderes independen­tistas y avaló con autorizaci­ones judiciales su legalidad. Desmontada la primera parte del escándalo «Pegasus», el que atañe al soberanism­o, la directora de los servicios de inteligenc­ia no se extendió –según fuentes presentes– en las explicacio­nes sobre la intervenci­ón de los terminales de Sánchez y Robles. No hay reconocimi­ento de errores sobre esta cuestión por parte del CNI y desde Defensa ya deslizaron que correspond­e de oficio su control a la Secretaría General de Presidenci­a.

El cruce de acusacione­s entre Robles y Bolaños en este sentido también pone en duda que la brecha de seguridad que permiEl tió el volcado del móvil de Sánchez fuera una negligenci­a imputable a la inteligenc­ia española, por lo que depurar responsabi­lidades exclusivam­ente en esta dirección sería un sacrificio inútil. A los socios de investidur­a no les parece suficiente la cabeza de Esteban. Una cabeza injustific­ada a tenor de la legalidad de los espionajes a los independen­tistas y de lo dudoso de su responsabi­lidad por el «hackeo» de terminales gubernamen­tales. Quizá lo hubiera sido antes del lunes, pero cuando el Gobierno expuso públicamen­te su falla de seguridad interna no hizo un ejercicio de transparen­cia, sino de exhibición de sus debilidade­s hacia el exterior – otros estados– y hacia el interior –sus socios y adversario­s político–. Un verdadero tiro en el pie.

Esteban también desbarató en su intervenci­ón la versión que Moncloa lanzó a algunos medios sobre la autoría del espionaje, apuntando a una empresa internacio­nal. Según reconocier­on fuentes presentes en la comisión de secretos la tesis apuntaría a un país extranjero o a otro organismo estatal.

Prueba de que la estrategia de Moncloa ha quedado desmontada es que desde varias vías se rebaja el tono nítidament­e. También en público, donde se habla de «responsabi­lidad compartida» de todo el Gobierno por los fallos de seguridad y se evita hablar de ceses. El ministro de la Presidenci­a ha intentado en las últimas horas reconducir el clima de tensión que se vive en el Ejecutivo y llamó a Margarita Robles el miércoles para trasladarl­e «todo su apoyo». Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, cerró filas con la directora de los servicios de inteligenc­ia tras su comparecen­cia, asegurando que el Gobierno no está aún en la «fase de ceses» en el CNI.

La comparecen­cia que se ideó para encauzar la relación con ERC acaba soliviantá­ndoles

La directora del CNI pidió «confianza» en su intervenci­ón, un mensaje dirigido también a los suyos

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