Caso mascarillas: la Fiscalía sigue el rastro de Malasia
► La Fiscalía pedirá que la Policía compruebe si los documentos que acreditaban a Medina y Luceño fueron creados por ellos
La Fiscalía Anticorrupción va a solicitar la intervención de la Policía en el «caso mascarillas» para seguir el rastro de los contratos con Malasia. Según confirman fuentes del procedimiento, el Ministerio Público pedirá a los agentes que accedan a los datos digitales de los documentos que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño entregaron en sus bancos para acreditarse como agentes «exclusivos» de la empresa malasia con la que, presuntamente, estafaron al Ayuntamiento de Madrid.
Estos certificados constan ya en el sumario y Anticorrupción ha hecho una serie de comprobaciones para saber la fecha de creación, el autor y los demás datos que el ordenador ofrece cuando se analiza el reverso digital. De lo que se trata ahora es de cotejar, en primer lugar, si los que entregaron Luceño y Medina al fiscal Luis Rodríguez Sol fueron los mismos que ofrecieron en sus respectivos bancos cuando justificaron que las comisiones millonarias procedían de sus actividades comerciales internacionales. Y, en segundo lugar, si aun siendo los mismos, la Policía con sus medios de análisis digital puede escudriñar más pormenores los papeles en los que aparece como firmante el empresario malasio San Chin Choon.
El Ministerio Público sospecha que estos fueron creados ‘ad hoc’ por los investigados y así lo mostró en la querella que interpuso en abril. Los documentos no cuadran ni en fechas ni en firma. Se les acreditó como representantes de la empresa en España en 2019, cuando la venta al Ayuntamiento se produjo en 2020 y en uno consta Medina con Luceño, mientras que en otro aparece un tal MrChan Beng Kay. Las sospechas sobre la falsedad de estos papeles han ido «in crescendo» a medida que avanza la instrucción del Juzgado número 47 de Madrid y, en particular, desde que la propia Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) -cuyo logo aparece en el encabezadoremitió encabezadoremitió un comunicado exponiendo que «en ningún caso» las publicaciones de la entidad incluyen criterios sobre la cuantía de la comisión que corresponde al intermediario. «No existe ninguna pauta internacional que cuantifique ese importe», firmó el secretario general del ICC en España, Jordi Sellarés. De hecho, el juez Adolfo Carretero -a cargo del caso- ha preguntado al organismo sobre la validez del papel en cuyo friso también se incluyen logos del FBI o de la Interpol. Con estas credenciales Medina se embolsó más de un millón de euros y su socio más de seis. En la declaración que se produjo este lunes ante el juez, uno de los directores de los bancos (testificaron los responsables de las entidades bancarias de ambos) dijo creer que todavía guardaba los correos con el comisionista. Las fuentes consultadas indican que la idea es que la Policía Científica solicite directamente a la sucursal estos papeles y lleve una inspección a fondo. Esta es la única vía factible para esclarecer la conexión con Malasia, ya que el fiscal trató de tomar declaración al empresario San Chin Choon sin éxito.
Mientras Anticorrupción se centra en el delito de falsificación de documento y la responsabilidad de los dos investigados, las acusaciones populares buscan huellas sobre posibles tráficos de influencia. Después de la oposición del Ministerio Público a citar como investigados a la responsable de estas compras del Ayuntamiento (Elena Collado) y al primo del alcalde Carlos Martínez-Almeida. el juez ha acordado escuchar como testigo al segundo de ellos el jueves. La declaración de Collado todavía está pendiente.
El juez sigue el camino de cómo llegó Medina a hacerse con el contacto en el consistorio para la venta del material sanitario. Así ayer escuchó a la profesora de la universidad privada en la que estudió Medina, María Díaz de la Cebosa, que reconoció haberle facilitado el teléfono del primo del alcalde cuando el hijo de Naty Abascal le pidió ayuda. Esta fue la primera toma de contacto y, a partir de ahí, dijo, ella no supo si los comisionistas obtuvieron un correo genérico o si accedieron directamente con un teléfono.