Trilerismo de derechos
YaYa sabe usted, señora, que es usted la que termina pagando las supuestamente justas y progresistas políticas del Gobierno. Lo que no sabe es cómo lo hará. Un caso repetido son los llamados derechos sociales, y en particular el derecho a la vivienda. Las autoridades se llenan la boca con palabras estupendas, y esperan llenar las urnas con votos favorables, alegando que promueta ven el acceso a la vivienda. En el caso de las viviendas sociales el asunto es más que dudoso, porque si se entrega una vivienda por debajo del precio de mercado eso significa que el Estado forzará a la gente a pagar la diferencia con impuestos; así, lo que facilita el acceso a la vivienda para unos, lo dificulta para otros.
En los últimos años, en el intervencionismo que siempre ha caracterizado a la construcción en nuestro país, ha destacado la reserva para vivienda protegida y alquiler social del 30 % de todos los proyectos inmobiliarios, e incluso, como leí hace un tiempo en «Cinco Días», los proyectos en suelos consolidados, ya urbanizables: «Esas parcelas son las que ya tienen los permisos, provienen de edificios antiguos o de inmuebles que se tiren para rehabilitar. Esta propuesta es muy similar a la que Ada Colau impulsó en Barcelona en 2018».
El desastre de esa medida, promovida por la ultraizquierda, se ha visto con claridad, precisamente, en Barcelona, con la oferta a la baja y los precios al alza. También allí la progresisGeneralitat progresisGeneralitat ha comprobado que controlar el precio de los alquileres reduce la oferta y daña a quienes se pretende beneficiar: los jóvenes y las personas con menores ingresos. Es la misma idea que promueve Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, y todas las medidas para perjudicar a las trabajadoras.
Pero, conscientes de la escabechina que pueden ocasionar, las autoridades se han apresurado a aclarar que ellas no usurpan la propiedad privada, porque la norma será aplicada por los ayuntamientos, y limitada por las autonomías. Incluso, si aplican la norma, los ayuntamientos deberán compensar a las empresas promotoras cediéndoles suelo. Típico trilerismo que ocultará, como siempre, la repercusión de todo esto en los bolsillos de la gente.
En un punto, sin embargo, la izquierda tiene razón, esta pésima idea existe desde el calamitoso gobierno del trío calavera: Barbie-Guindos-Montoro.