La Justicia anula el cese del interventor de Móstoles
El hasta hace un año interventor del Ayuntamiento de Móstoles, Caín Poveda Taravilla, tendrá que ser reintegrado en su puesto después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid haya anulado su cese, ordenado por la alcaldesa del municipio municipio del sur, Noelia Posse, «por caducidad del procedimiento» administrativo. Es decir, no se respetaron los plazos. Además, condena al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas judiciales, es decir, los gastos de abogado y procurador, según expone la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Aunque cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación en el plazo de 15 días, el hecho de que el procedimiento haya caducado deja escasas posibilidades de que un hipotético recurso pueda prosperar, según señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario.
El cese fue aprobado por la Junta de Gobierno el 5 de mayo de 2021 a instancias de la alcaldesa y eso obligó al recolocar al funcionario público en otro puesto con una remuneración inferior a la que percibía, con lo que la Justicia también exige que se abone la diferencia salarial que no ha percibido durante el último año.
El interventor fue cesado después de que denunciara ante el Tribunal de Cuentas que se había perdonado impuestos o cánones a determinadas empresas de la localidad. Es decir, avisaba de que se había hecho una especie de «amnistía fiscal» por parte del Gobierno de Noelia Posse.
El propio funcionario público, cuando puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas los hechos, se lamentaba de que, por cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, la relación profesional en asuntos municipales con la alcaldesa de Móstoles prácticamente desapareciera y se abriera paso la desconfianza.