A cada uno lo suyo
NoNo es requisito imprescindible recurrir al derecho romano para profundizar en el concepto de justicia, pero, claro está, ayuda. Siempre es un acierto aprovechar las enseñanzas y la sabiduría que han atravesado los siglos y que sostienen las bases de nuestro sistema jurídico. Un clásico ineludible, por su universalidad y exactitud, es el legado que dejó Ulpiano con sus principios: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. De esos tres axiomas, probablemente, el último sea el que con más precisión se ajusta a lo que, en el imaginario colectivo, entendemos por justicia. Esa que a veces va con mayúscula, otras con minúscula y que, en estos días (o meses o años, hemos perdido la cuenta ya), ha pasado de ser uno de los tres poderes clave de la convivencia (Montesquieu dixit), separado del resto por esencia, a verse inmerso en polémicas y convertirse en dardo de otros intereses y luchas.
A estas alturas de la tensión entre los distintos baluartes del estado de derecho, las discrepancias sobre sistemas de elección, en general, y nombramientos, en particular, ya han excedido el ámbito estrictamente judicial para impactar de lleno en la conversación pública, llegando llegando más allá, incluso, de los límites de nuestras fronteras. Y de qué manera. Los continuos avisos de las instituciones europeas van aumentando su intensidad, exhibiendo nuestras carencias. La última alerta llegó hace poco más de una semana desde la Comisión Europea y no deja margen para la duda: la no renovación del CGPJ es una anomalía difícil de comprender y justificar. Pero no se trata, en realidad, de la única. Se apunta, también, a la necesidad de una reforma en el sistema de elección de jueces (que se adapte más a los estándares continentales) y a una modificación del estatuto de la Fiscalía para eliminar la excesiva dependencia del Ejecutivo.
Aunque la consecuencia más llamativa y directa del inmovilismo es la que marca la reputada clasificación anual de «The Economist», esa que nos enorgullecía al superar en ostentación democrática a la mismísima Francia, y que, en su último balance, el correspondiente a 2021, nos degrada de democracia plena (codeándonos con Finlandia, Suecia o Dinamarca) a otra más limitada, «con imperfecciones». Ahora que el curso, político y judicial, se encamina ya a su fin, las negociaciones e intentos de acuerdo sobre el CGPJ ratifican su enésimo fracaso. Y, mientras la vida cotidiana y sus contingencias prosiguen su ritmo, el desprestigio y el descrédito de la Justicia se solidifican porque, tenga quien tenga razón, el problema ya ha pasado a otra fase y si los responsables públicos no logran resolverlo, serán los ciudadanos, al final, los que den a cada uno lo suyo.