El PSOE debe aceptar los hechos juzgados
EnEn la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE, que confirma prácticamente la de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictada en noviembre de 2019, existen dos planos que en ningún caso conviene confundir, como son el hecho juzgado, que no admite réplica, y la situación personal de los condenados a penas de prisión, como el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a quienes les asiste todo el derecho a interponer las medidas que crean útiles para eludir el encierro o, en su caso, reducirlo en lo posible. Sin embargo, no parece que el PSOE, a tenor de las declaraciones de sus distintos portavoces, haya entendido que debe pasar por el hecho juzgado, aceptar las responsabilidades políticas de unas prácticas ilegales, prolongadas en el tiempo y que causaron grave daño a las arcas públicas, y, en definitiva, acatar la decisión del tribunal. A partir de ahí, pueden los socialistas explorar el camino del indulto, que obliga a la asunción del delito por parte de los solicitantes y se rige por un procedimiento reglado. Porque, de la misma manera que el Constitucional no puede actuar como tribunal de segunda instancia, es decir, modificar los hechos probados de la sentencia, la figura del indulto no fue concebida para enmendar las decisiones judiciales que no resulten del agrado del poder político. Entendemos la incomodidad de un partido que ha hecho un arma política de las denuncias de corrupción de los demás –en muchos casos con un empecinamiento digno de mejor causa– y que, ahora, tiene que ver cómo son condenados algunos de sus más notables dirigentes por delitos de prevaricación y malversación del dinero público, condenas que alcanzan a quienes fueran presidentes del partido, Manuel Chaves y Griñán. Pero la respuesta no puede ser, menos desde las instituciones, la siembra de la duda entre la opinión pública de la veracidad de la sentencia, lo que supone cuestionar la probidad, legitimidad e independencia de la Justicia, que son palabras mayores para cualquier gobierno de una democracia avanzada. Sabe, además, el PSOE que no hay justificación posible en las prácticas llevadas a cabo desde la Junta de Andalucía durante los largos años de hegemonía socialista. Los ERE, lejos de contribuir a salvar empresas y empleos en una región de las más castigadas por el paro, fomentaron la desindustrialización y la amortización de puestos de trabajo. Y, tampoco, viene al caso extender el mantra de que los condenados no robaron para sí. Hicieron algo igualmente condenable, jurídica y políticamente, como es actuar con deslealtad hacia los intereses generales de los ciudadanos. Esa es la verdadera naturaleza del caso, por más que en otras partes de la causa se condene el puro latrocinio de algunos aprovechados. No, ni Chaves ni Griñán ni sus consejeros implicados tienen justificación alguna.