El juez imputará a los jefes de ETA por Santa Pola
► La Guardia Civil apunta a cinco etarras y el juez aguarda un último informe antes del aniversario del atentado el 4 de agosto
Eran seis los etarras contra los que inicialmente se dirigió la querella de la asociación Dignidad y Justicia para revisar el atentado que se produjo en Santa Pola (Alicante) el verano de 2002 y poder procesar a los jefes de la banda terrorista ETA que, como sostienen las víctimas, eran los que daban la orden y tenían en su poder frenar el crimen. La Guardia Civil ha remitido un informe al juez Manuel García Castellón en el que apuntan a cinco de los etarras y sobre el sexto, Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (alias «Ramontxo»), el magistrado ha pedido a la Policía la información de la que dispongan ellos para decidir si lo incluye. Fuentes consultadas en la investigación aseguran que en los próximos días se producirá la imputación de la cúpula que dio la orden de poner el coche bomba que mató a un guardia civil y una menor, antes de que se cumpla el aniversario del atentado.
Sería así la segunda causa -después de la relacionada con el asesinato de Miguel Ángel Blanco- por la que se empieza a investigar formalmente a los líderes de ETA coincidentes con las fechas de los crímenes. Los agentes de la Guardia Civil señalan a Juan Antonio O larra, conocidocomo« Jok in »; aAinhoaMugi ca ,« Olga»;Mik el Al b is u,«Mik el Antza»; María Soledad Iparraguirre «Anboto» y Félix Ignacio Esparza, «Navarro». De hecho, a finales de junio el instituto armado remitió un informe revelando de que tenían en marcha un análisis de cartas manuscritas remitidas por Francia en 2018 sobre la banda terrorista vas ca. Señalaban que por encima del comando Argala, cuyos integrantes materializaron el atentado, podían estar «Jokin» y «Olga» como cabecillas del aparato militar. Ocurre que en un nuevo informe amplían el cerco a cinco de los seis querellados, explican fuentes judiciales. Y sobre el sexto ,« Ramontxo », García C as tellón quiere saber si la Comisaría General de Información de la Policía tiene algo más de documentación para decidir a quién imputar.
Los trabajos han tenido que acelerarse teniendo en el horizonte una fecha: el 4 de agosto de 2002. La semana que viene se cumplen 20 años del coche bomba y además de ser la efeméride es el plazo que recoge el Código Penal para la prescripción. En teoría, según los juristas consultados, ésta para de contar desde el momento en el que se interpone la querella, es decir, que una vez el juez reabrió el caso a finales de marzo el cómputo quedó congelado. Pero lo cierto es que últimamente las discrepancias sobre la prescripción en el seno de la Audiencia Nacional han suscitado dudas entre los propios investigadores y ante estas incógnitas los conocedores de la causa no quieren correr riesgos.
El choque entre el magistrado García Castellón –que también es instructor de las pesquisas sobre el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco– y la Fiscalía de la Audiencia Nacional quedó patente hace dos semanas en el interrogatorio a dos de los imputados por el crimen del concejal del PP. El fiscal Vicente Mota fue relevado de la causa al no compartir el criterio de la prescripción que el fiscal jefe Jesús Alonso había decidido, después de consultarlo con la Fiscalía General del Estado. Mota sostenía que los hechos no estaban prescritos porque el plazo corría desde que fueron detenidos (2004) y no cuando se produjeron los hechos (1997), por lo que prescribirían en 2024. Sin embargo, el criterio que la Fiscalía ha querido preservar ha sido el que se ha venido utilizando hasta ahora y es de un plazo de 20 años desde el momento del atentado. Se da la circunstancia de que el fiscal de este caso también es Mota, pero en la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional no han querido aclarar si de igualmente se le ha apartado de la causa.
La tesis que ha impulsado la asociación Dignidad y Justicia sobre la comisión por omisión y autoría mediata (que las cabezas pensantes del crimen tenían el poder de pararlo y también son responsable) es novedad y no hay jurisprudencia en asuntos de terrorismo, por lo que lo que digan las instancias superiores a partir de ahora determinará hasta dónde pueden llegar los instructores para procesar a las distintas cúpulas de ETA a lo largo de los años.