Un doble impuesto de muy dudosa legalidad
LaLa política fiscal del actual gobierno de coalición tiende a lo confiscatorio, pero, sobre todo, comienza a deslizarse por el peligroso tobogán de la ingeniería legislativa, al final del cual siempre espera el escenario de la inseguridad jurídica del contribuyente, factor demoledor de la confianza social y, por lo tanto, del progreso económico. Con todo, lo peor es que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, es perfectamente consciente de la arbitrariedad de su pretensión, hasta el punto de recurrir a un artículo de la Constitución, el 31.3, que establece «la prestación patrimonial de naturaleza no tributaria» que nunca se concibió en el ánimo del legislador como un instrumento de gravamen de la actividad económica propia de las empresas, que es, exactamente, lo que se intenta bajo el trampantojo de unos «beneficios caídos del cielo», que desde cualquier punto de vista, son fruto de la actividad empresarial y de las condiciones de oferta y demanda del mercado. Y por muy fino que hile la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esos beneficios no pueden ser objeto de una doble imposición, como a su debido tiempo dictaminarán los tribunales europeos, de acuerdo a la amplia jurisprudencia acumulada sobre estos asuntos, porque, por supuesto, no ha sido el Gobierno socialcomunista español el primero que ha intentado engrosar la arcas públicas por la vía de hacer pagar dos veces por los mismos ingresos. Con un problema añadido en el hecho de que los dos sectores puestos en el punto de mira, el eléctrico y el bancario, operan en unos mercados que ya están estrictamente regulados por unas normas administrativas que condicionan su normal actividad en una economía de libre competencia, como se supone que es la española. Y aunque no vamos a entrar en otro de los absurdos de este proyecto fiscal, como es la prohibición a las empresas de repercutir el alza de impuestos sobre los consumidores, cuando son los mecanismos del mercado, de la oferta y la demanda, los que, al final, marcan los precios, ya podemos adelantar que tendrá graves efectos sobre la inflación y, también, sobre las inversiones, a las que afectará la inevitable reducción de la oferta crediticia. Estamos ante un reflejo, uno más, de la desastrosa política económica de un Gobierno con gastos desaforados –algunos, como las campañas del Ministerio de Igualdad, inexplicables en términos de lógica política–, que ha endeudado a los españoles hasta niveles nunca vistos en la historia reciente y no tan reciente. Un Gobierno que vuelve a plantear unos Presupuestos Generales expansivos que, en efecto, sólo pueden cubrirse incrementado la presión impositiva a familias y empresas, una vez que parece descartado un retorno a la racionalidad en el gasto público, y que, eso sí, cubre su palmaria incompetencia bajo toneladas de propaganda.