La veintena de damnificados avisa: recurrirá el «abuso» del Gobierno
► Petroleras, gasistas y banca anuncian «batalla» en España y ante la Unión Europea
El Gobierno no lo va a tener nada fácil para poner en marcha el impuestazo con el que pretende «confiscar» parte de los beneficios de una veintena de grandes empresas financieras y energéticas por los resultados de sus negocios en España. Fuentes de ambos sectores comunicaron ayer a este diario que recurrirán estos impuestos por «arbitrarios» y por tratarse de actividades ya gravadas. «Es un abuso», aseguran. Mucho tendrá que templar las aguas el Ejecutivo en su reunión de hoy con las empresas afectadas.
Uno de los primeros en advertir de que se avecinan recursos fue el consejero delegado de Repsol. Josu Jon Imaz negó que la petrolera reciba «beneficios caídos del cielo» por su actividad en el actual contexto de precios alcistas de la energía
y aseguró que hará «todo lo posible» para luchar contra cualquier iniciativa «arbitraria». En una conferencia con analistasparapresentarlosresultados del primer semestre, Imaz aseguró que «no tiene ninguna duda» de que el marco constitucional y jurídico, tanto de la Unión Europea como de España, va a proteger a Repsol de cualquier «posible iniciativa arbitraria o de medidas arbitrarias». Imaz defendió que Repsol opera en un negocio «libre, abierto y no regulado», en el que las decisiones de inversión a largo plazo se toman «en base a suposiciones» que están sujetas «a una enorme volatilidad y riesgo». De esta manera, el consejero delegado de la energética añadió que no se puede hablar de beneficios caídos del cielo en unos negocios que no están regulados y que son «cíclicos».
Además, recordó que el sector del refino en España mantuvo sus inversiones durante muchos años para mejorar sus instalaciones, a pesar de que los márgenes eran bajos y otras empresas «estaban cerrando». «Nuestro negocio de refino perdió cientos de millones de euros en 2020 y 2021, y no vi a ningún gobierno hablando de apoyar estas pérdidas extraordinarias», aseveró.
Por su parte, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, cargó contra la nueva «imposición» del Gobierno. «Es imprescindible» que el nuevo hecho imponible «respete el marco de competencia entre entidades y no favorezca a ninguna, bien sea porque se
excluye de su pago a algunos bancos o porque se establece un cálculo más favorable para unos que para otros. El hecho imponible debe respetar el principio de neutralidad y gravar por igual a todas entidades». González-Bueno también destacó que Banco Sabadell tuvo que afrontar en 2021 más de 800 millones de euros en tasas e impuestos, por 530 millones de beneficio. «Estos 800 millones incluyen el Impuestos de Sociedades (30%), el IVA soportado (no deducible) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre préstamos hipotecarios, así como tasas destinadas a protección de depositantes». También recordó la actual rentabilidad del sector bancario, ya que el Ibex banca ha caído un 50% en los últimos cinco años, el Ibex general lo ha hecho en un 25%. «Los ahorradores accionistas de los bancos han sufrido un comportamiento bursátil peor que otros sectores debido a tipos anormalmente negativos y ahora volverán a sufrir con el nuevo impuesto».
El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, criticó al Gobierno por «estigmatizar» al sector bancario, «que ha sido fundamental para el sistema económico durante toda la pandemia». Insistió en que «de pronto, la solución parece ser cargar a algunos sectores» como la banca, de la que valoró que hizo «un esfuerzo enorme» durante el covid. Además, consideró que la inflación, «difícilmente, se combate con impuestos». Álvarez recordó que la banca ya está gravada al tipo máximo en Sociedades y advirtió de que recaudar los 3.000 millones que pretende el Gobierno «resta capacidad de prestar por un importe de
50.000 millones».