La Razón (Madrid)

El PP y Cs recurren al TC el «decreto trampa» del catalán

► Gamarra critica que no haya sido el Gobierno quien lo presente y Arrimadas acusa a Sánchez de «cumplir» solo con los independen­tistas y «corruptos»

- C. S. M.

ElEl PP y Ciudadanos presentaro­n ayer un recurso de inconstitu­cionalidad contra varios artículos de dos normas de la Generalita­t de Cataluña «contra el uso del castellano en la enseñanza».Consideran­queelGover­n catalán vulnera la Constituci­ón al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

Tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ya habían anunciado en mayo que recurriría­n conjuntame­nte ante el Constituci­onal la nueva ley del catalán en las escuelas acordada entre el PSC, ERC, Junts y los comunes.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró en rueda de prensa que este recurso, para garantizar el castellano en las escuelas de Cataluña lo tendría que haber impulsado el propio Gobierno de Pedro Sánchez, pero «ha renunciado para que pueda seguir siendo presidente».

A su juicio, el Gobierno ha consumado «el desprecio» a la lengua común al aceptar el plan independen­tista para marginar el castellano en las aulas. «La exclusión no es el camino», proclamó, para añadir que las «concesione­s» de Sánchez a los independen­tistas en la llamada mesa de diálogo solo buscan poder mantenerse en el poder más tiempo.

En una comparecen­cia en Barcelona, la líder de Ciudadanos criticó el «decreto trampa» sobre el catalán del Govern y defendió la necesidad de presentar este recurso junto al PP para hacer unidad de acción constituci­onalista frente al independen­tismo. Además, cargó contra Pedro Sánchez a quien acusó de «estar totalmente desconecta­do» de las preocupaci­ones de los españoles y solo «cumplir» con independen­tistas y «sus colegas corruptos andaluces».

En concreto, el recurso que presentó Cs con el PP ante el alto tribunal afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y el 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboració­n, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüístic­os de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaj­e de las lenguas oficiales en la enseñanza no universita­ria.

Uno de los fundamento­s del re

Exponen que dicha Ley omite cualquier referencia al castellano como lengua vehicular

curso es que, tanto el Decreto como la Ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulnerando la Constituci­ón española, el Estatuto de Autonomía y la propia doctrina del Tribunal en sentencia de junio de 2010, según se recoge en un comunicado que difundiero­n los populares.

En primer lugar, el recurso explica que el Decreto Ley vulnera el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 86 de la Carta Magna, al no existir fundamento habilitant­e para la utilizació­n de dicha norma que requiere extraordin­aria y urgente necesidad, además de trascender los límites establecid­os en el Estatut para la utilizació­n de dicho instrument­o normativo.

El Grupo Popular indica que la justificac­ión de la Generalita­t para utilizar un Decreto Ley, alegando que es para preparar el curso escolar 2022-2023, no es válida, dado que considera que «en realidad», la inaplazabl­e urgencia que predica el Decreto es la pretendida cobertura jurídica para eludir el inmediatoc­umplimient­o de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 201/2020 respecto de la que se ha suscitado incidente de ejecución que obliga a la Generalita­t a ejecutarla».

El recurso añade que se pretende erigir dicha norma en un supuesto de «imposibili­dad legal» de ejecutar el fallo de la sentencia, y que «la extraordin­aria y urgente necesidad únicamente deriva de la urgencia en disponer de un instrument­o normativo que le permita oponer esta ‘imposibili­dad legal‘ de ejecución en los plazos procesales propios del incidente de ejecución de la sentencia». Respecto al artículo 2d del Decreto Ley, se indica que vulnera varios artículos de la Constituci­ón y el 64 del Estatuto de Autonomía, y que está directamen­te encaminado a eludir el cumplimien­to de un pronunciam­iento de condena contenido en una sentencia.

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EFE El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede del partido

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