Policías y guardias civiles alertan: el apagón traerá más inseguridad
Las autonomías no saben cómo sancionar, cómo aplicar la norma o cómo exigir su cumplimiento Los populares estudian llevar al TC las medidas del plan de ahorro energético de Sánchez
Las medidas que ha impuesto el Gobierno para lograr el ahorro energético y que deberán cumplir todas las administraciones están generando una gran controversia. La última, la que afecta a la seguridad ciudadana. Policías y guardias civiles consideran que el apagón traerá más inseguridad. El PP pide a Sánchez que pacte con Feijóo el plan energético si quiere su apoyo y exigen que las medidas se tramiten como proyecto de ley para poder modificarlo. Consideran que «vuelve a repetir» el modelo de la pandemia.
LasLas medidas que ha impuesto el Gobierno para lograr el ahorro energético y que deberán cumplir todas las administraciones, tanto la general del Estado como las autonómicas y locales, así como el sector privado (comercios, grandes superficies, cines, teatros, estaciones, aeropuertos, hostelería y centros de distribución) están generando mucha controversia. La última, la que afecta a la seguridad de los ciudadanos ante el temido «apagón».
La nueva norma, que estará en vigor hasta noviembre de 2023 –es decir, las restricciones durarán 16 meses–, concede un plazo de siete días para que los establecimientos se acomoden a las exigencias de control de temperatura y luz. Y mientras la ministra de Economía, Nadia Calviño, apuntaba que «hay prepararse para lo peor, pero esperando que no suceda», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que, en las medidas que afecten a sus competencias, no las cumplirán. Y, avisó de que algunas de ellas, como la del «ahorro energético» suponen un «problema para la seguridad».
A ella se ha unido la coordinadora de Políticas Sociales del PP, Marta González, quien insiste del riesgo que puede conllevar para las mujeres el apagado de luces de escaparates y edificios, reclamando al Gobierno que negocie el plan con el PP. Pero también el Gobierno Vasco adelantaba que no se va a emplear a la Ertzaintza para «controlar termómetros» y que tienen su propio plan.
La pregunta es: ¿Menos luz supone un perjuicio para la seguridad? Según fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apagar los escaparates a las 22:00 puede incrementar la inseguridad ciudadana. «Tienen más facilidad los delincuentes para delinquir», advierten. Y es que aunque las farolas sigan iluminando hay numerosos escaparates de España que sirven de «acompañamiento» y complemento a la iluminación de algunas vías que no siempre cuentan con la suficiente luminosidad. Recuerdan las mismas fuentes que esto «da pie a que los delincuentes actúen con mayor clandestinidad» y «puede constituir un peligro mayor para la seguridad ciudadana».
Desde Jucil (asociación de guardias civiles) creen que no se está gobernando desde «el sentido común» y recuerdan que, además del perjuicio económico que puede suponer para los comercios, puede haber un incremento de robos y «otros problemas», no solo
en las tiendas en sí, también para los ciudadanos.
Es un hecho que el delincuente no tiene horario fijo, pero también que, entre sus preferencias, está la de «esconderse», por lo que «aumentan su actividad de noche porque, «obviamente, son menos visibles» y hay menos gente. «Es mucho más difícil identificar a alguien en las sombras de la noche», pero también encontrar testigos, aunque a algunos les pueda sonar a película de «thriller».
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) destacan su «postura neutral» en cuanto a las medidas económicas que quiere adoptar el Ejecutivo para el ahorro energético, ya que «son medidas que se están tomando en toda Europa». Dicho esto, y sin entrar en la efectividad de las mismas, subrayan que, aunque «los escaparates ayudan», lo más importante es «mantener el alumbrado público sin ningún tipo de restricciones».
Ahora bien, en cuanto a seguridad se refiere, desde el SUP aseguran que «con más luminosidad en las vías públicas es obvio que se aumenta la seguridad en los individuos. Por un lado, de una forma subjetiva de seguridad entre la ciudadanía y, por otro lado, de una forma objetiva en la que los delincuentes huyen de la exposición pública y de la luz para cometer delitos».
Asimismo, tanto el SUP, Jucil, como fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultadas, recuerdan que los delincuentes siempre «buscan las zonas más débiles para cometer sus hechos delictivos» y, con ello, coinciden en que «las calles mal iluminadas son la oportunidad que encuentran para cometer estos hechos», es decir, la luz actúa como un elemento «disuasorio».
Desde el Sindicato Unificado de Policía subrayan que, aunque las medidas del Gobierno van encaminada sala luminosidad de los escaparates y no alas vías públicas, «creemos que la luz de las tiendas y en general de todos los escaparates ayudan a mantener las vías con más luminosidad».
De hecho, ya existen hasta aplicaciones en las que advierten de qué calles están más solitarias y oscuras para evitarlas y, según estadísticas, alrededor de un 83% de mujeres siente miedo al regresar a sus casas solas por la noche.
La coordinadora de Políticas Sociales del PP, Marta González se refirió a este dato y advirtió del riesgo que puede conllevar para las mujeres el apagado de luces de escaparates y edificios públicos que establece el decreto de medidas de ahorro. «Se pretende que las ciudades, los comercios y las calles estén apagadas casi de manera completa», lo que puede tener «consecuencias muy negativas para la seguridad de las mujeres». «Parece que al Gobierno no le ha preocupado este tema, porque no hemos visto mencionarlo, pero a nosotros, en este contexto y en este momento, sí nos preocupa y extraordinariamente».
También desde Vox han avisado del problema de «inseguridad» que puede conllevar, y se oponen a las medidas del Gobierno.
Sin embargo, el portavoz del PSOE, Patxi López restó importancia a este hecho y ayer, en rueda de prensa, aseguró que la seguridad no puede depender de los escaparates, porque si no, «mal vamos». López insistió en que la medida va encaminada a «evitar males mayores» y que, de no cumplirse se «da impunidad para cometer un delito» y que eso «no es libertad». Advirtió incluso de que, si no se cumplen «se cerrarán empresas» y tildó las críticas de «ruido».