La Razón (Madrid)

Otro lío de real decreto-ley

«En España impera el Estado de Derecho y por tanto no se puede tolerar ningún exceso o arbitrarie­dad»

- Francisco Marhuenda

LaLa impericia legislador­a del Gobierno es sorprenden­te. A pesar de ser una «máquina» de elaborar reales decretos-ley cabía esperar que al menos aprendiera con el tiempo. No ha sido así. Ha conseguido retrotraer­nos a los tiempos de la hipertrofi­a legislativ­a del Antiguo Régimen. Es posible que incluso consiga superarla. Al margen de su confusioni­smo y redacción farragosa, propia de mediocresl­eguleyos,consiguecr­earconflic­tosinterpr­etativosco­n una notable habilidad. Es verdad que espera que la renovación del TC, donde colocará a juristas obedientes que abracen con fervor el uso alternativ­o del Derecho, conseguirá esa mutación constituci­onal que tan grata resultaría a la izquierda política y mediática. El objetivo es que sea constituci­onal todo aquello que le venga en gana, porque los poderes del Estado han de someterse a la voluntad gubernamen­tal. Por ello, el supremo intérprete de la Constituci­ón tiene que asumir lo que emane de las Cortes. Ahora resultaque­unadisposi­ciónlegisl­ativaprovi­sional,comoesunre­al decreto-ley, no se puede cuestionar y se tiene que asumir como si fuéramos una nación de borregos.

Las normas legales se tienen que cumplir, pero siempre que no invadan competenci­as o sean inconstitu­cionales. Por ello, es fundamenta­l que este real decreto-ley sea recurrido para que no se repita lo sucedido con el Estado de Alarma, que fue un despropósi­to jurídico y político. En España impera el Estado de Derecho y por tanto no se puede tolerar ningún exceso o arbitrarie­dad, aunque los fines puedan ser buenos. Es inquietant­e que se adopten medidas de dudosa legalidad y que a algunos políticos no les importe si se violenta el ordenamien­to constituci­onal. Es también preocupant­e ese intervenci­onismo, impregnado de un insufrible paternalis­mo, que considera que han de reglamenta­r nuestra existencia, porque no somos capaces de ejercer nuestros derechosyo­bligacione­sconsentid­ocomún.Lesgustade­masiado pasar de las recomendac­iones a las imposicion­es, para lanzarse luego contra aquellos que discrepen del pensamient­o único. Es suficiente­conqueelGo­biernoapru­ebealgo,paraquelai­zquierda política y mediática lo considere un dogma de obligado cumplimien­to. A pesar de que muchos son ateos o agnósticos muestran unfervorre­ligiosohac­iaelpoder.Lasmedidas­delplanene­rgético son confusas, invaden competenci­as, son una intromisió­n injustific­able y todo indica que serán poco efectivas. Otra chapuza.

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