De los incendios a un polvorín
SuSu nombramiento estuvo rodeado de polémica desde el principio. De hecho, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vetaron su acceso al frente del Ministerio Público. «Es un apéndice de Dolores Delgado», aseguran sectores de la carrera en relación a quien fue mano derecha y gran mentora, Lola Delgado. Álvaro García Ortiz, llega al cargo de una manera atípica, incluso en su toma de posesión, que tuvo lugar excepcionalmente en el Palacio de la Almudaina, residencia oficial del Jefe del Estado en las Islas Baleares. Ante el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, prometió su cargo tras una tormentosa sesión de control en la Comisión de Justicia del Congreso, donde el PP y Vox cuestionaron su independencia por haber asistido a varios actos públicos del PSOE y su cercanía a la propia Delgado. En la Cámara de diputados resonaban aquellas palabras de Pedro Sánchez en una entrevista televisiva: «¿De quién depende la Fiscalía del Estado? Del Gobierno, pues eso». Alto y claro.
Y una vez más, el Ministerio Fiscal está en el centro de la polémica desde que Dolores Delgado llevara a la institución a unos límites de descrédito y falta de neutralidad sin precedentes. Su sustituto, García Ortiz, mantuvo una sesión bronca, un auténtico cuerpo a cuerpo con los partidos de la oposición en el Congreso en el que tuvo que zafarse ante preguntas muy duras, precedidas por el voto particular que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial emitieron en su contra, basados en la sospecha de su presunta cercanía al PSOE por haber participado en diciembre de 2019 en un acto de los socialistas gallegos, algo que él defiende porque no era un mitin electoral y fue autorizado por la inspección de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, para el PP, los vocales críticos del CGPJ y de amplios sectores de la Carrera fiscal, su cercanía al PSOE, al Gobierno y a Dolores Delgado es un claro impedimento para poder ejercer la máxima responsabilidad al frente del Ministerio Público.
En su comparecencia en el Congreso, García Ortiz se alineó claramente con las tesis legisla ti Santiago vas del Gobierno de Pedro Sánchez. Ensalzó la figura de su antecesora y amiga personal Dolores Delgado y anunció que convocará la junta de fiscales de Sala para fijar una postura conjunta sobre la polémica en torno a la prescripción en la investigación del asesinato por ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Una, de sus grandes polémicas nada más llegar al cargo. Su acción en el «caso Stampa» y la investigación abierta por el asalto a la valla de Melilla fueron otras cuestiones conflictivas, así como su papel al frente de la Secretaría General Técnica y mano derecha de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado. García Ortiz afrontó con enorme frialdad y desdén los ataques de la oposición y defendió, por ejemplo, su papel como fiscal en el caso del Prestige en Galicia. Destacó, alardeando de su imparcialidad en la Unión Progresista de Fiscales: «Yo no soy un clon de Lola Delgado».
Álvaro García Ortiz nació en Salamanca y es padre de dos hijos con su pareja, la también fiscal especializada en violencia de género, Pilar Fernández. Ingresó en la carrera fiscal en 1988, tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Valladolid, donde algunos compañeros de aquella época recuerdan que era estudioso y muy concienciado con la naturaleza y la preservación del medio ambiente.
Su primer destino fue en la Fiscalía menorquina de Mahón, para pasar después a Galicia, en de Compostela, donde fue nombrado fiscal especial coordinador de incendios en la Comunidad Autónoma Gallega. Allí estuvo a cargo de la investigación de los incendios forestales que arrasaron la región, aunque su papel más mediático fue el caso del Prestige, el desastre medioambiental provocado por el vertido del petrolero que generó un complicado proceso judicial que se prolongó durante ocho años y que terminó con la condena del capitán del barco a dos años de cárcel. Durante la larga instrucción, García Ortiz manifestaba «una gran impotencia ante la magnitud de la catástrofe». Una tragedia que en su momento fue utilizada para atacar políticamente a los miembros del PP en la Xunta de Galicia y en el Palacio de La Moncloa.
Aunque nacido en Salamanca, Álvaro García Ortiz ha ejercido su profesión en Galicia durante dieciocho años, obsesionado en su
«Es un apéndice de Dolores Delgado», apuntan desde algunos sectores de la carrera judicial
trayectoria por las investigaciones sobre incendios y delitos forestales. Asegura sentirse muy molesto con la actitud de los vocales del CGPJ que emitieron un voto particular contra su idoneidad para tan alto nombramiento. «Me he sometido a un injusto tribunal de honor», se lamenta el nuevo fiscal general del Estado. También rechaza las acusaciones que le vierten sobre su actuación en el «caso Tándem» como número dos de Dolores Delgado y defiende los proyectos legislativos del Gobierno, como las leyes de violencia de género, la ley trans y el decreto ley de ahorro energético.
Para sus detractores será un fiscal obediente a las directrices del actual Ejecutivo, mientras que para los sectores progresistas, impulsará un cierto cambio, donde ahora se le ha aceptado con muchos recelos. Dado que se avecina un otoño frío y a oscuras, está por ver que Álvaro García Ortiz, como nuevo fiscal general del Estado, gran experto en juzgar a pirómanos, sepa sofocar el polvorín que actualmente es el Ministerio Público.