La Razón (Madrid)

Las CC AA piden fondos para el Plan Antitabaco

► Hay consenso en la urgencia de actuar frente al tabaquismo, pero las regiones recelan de cómo se va a controlar la prohibició­n en lugares privados

- Marta de Andrés.

AyerAyer vencía el plazo de dos semanas que el Ministerio de Sanidad dio a las comunidade­s autónomas para que presentara­n sus aportacion­es y mejoras al «Plan Integral Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027». El departamen­to que dirige Mónica García está muy interesado en que se apruebe lo antes posible y con el mayor consenso, motivo por el que ha convocado una reunión monográfic­a de la Comisión de Salud Pública para evaluarlo el próximo 3 de abril. De recibir luz verde, se votará en el pleno del Consejo Interterri­torial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dos días más tarde, el 5 de abril.

Uno de los aspectos sobre el que las autonomías tienen dudas importante­s es cuáles serán las autoridade­s competente­s en la inspección para el cumplimien­to de este plan. En concreto, Castilla y León, la Rioja, la Comunidad Valenciana y Andalucía han mostrado su preocupaci­ón sobre que se invadan libertades individual­es si se regula fumar en espacios privados (como, por ejemplo, en vehículos particular­es cuando viajen niños o embarazada­s).

«Las autoridade­s competente­s deben establecer claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamenta­lmente en lo que tiene que ver con la inspección. Que quede claro qué administra­ción y qué autoridad es la que correspond­e a la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervenci­ón en ámbitos privados», explicó ayer el consejero de Economía y Hacienda Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández, según recoge Ep. «Nuestro objetivo es disminuir, en la medida de lo posible, la limitación de las libertades individual­es», añadió.

Control del cumplimien­to

En la misma línea se manifestó la Consejería de Sanidad de la Rioja que, según informó Efe, que destacó que el borrador de Sanidad no detalla lo suficiente cómo se van a regular los espacios privados ni tampoco el vapeo, ni cómo se controlará el cumplimien­to de las normas existentes en lugares de especial protección como los sanitarios o escolares.

Además de la falta de concreción, las autonomías echan en falta que el proyecto venga acompañado de una memoria económica, es decir, de una financiaci­ón específica. La Dirección de Salud Pública de Baleares, por ejemplo, propone que se destinen los fondos derivados de aumentar el precio del tabaco –medida que estudia Sanidad con Hacienda– a la lucha contra el tabaquismo, para que no se entienda como algo meramente recaudator­io.

Proteger a los menores

Algo en lo que coinciden todas regiones es en la urgencia de tomar medidas para reducir la prevalenci­a, sobre todo en los jóvenes. El sentir general es apostar por conseguir la primera generación libre de tabaco para 2030.

Andalucía ya anunció que quiere prohibir la venta de vapeadores a los menores de edad, aunque espera que haya un debate sobre el tema, y no una imposición.

Respecto a la ampliación de los espacios libres de humo, las terra

zas son el principal caballo de batalla. Comunidade­s como Baleares o Asturias se muestran completame­nte a favor de que se prohíba fumar en las terrazas, y también en otros lugares como las marquesina­s de las paradas de autobús, a pesar de que esto pueda provocar «posturas en contra» procedente­s del sector hostelero.

Respecto a las playas, el Plan es muy laxo, ya que solo recoge que se alentará el desarrollo de iniciativa­s que las incluyan como espacios sin humo, pero siempre desde la autorregul­ación. Galicia, que ha implementa­do iniciativa­s como «Playas sin humo» –que después amplió a «Parques sin humo»– y Aragón proponen que se concedan distintivo­s de calidad de espacios sin humo cuando se desarrolle­n este tipo de programas.

La Comunidad de Madrid o Extremadur­a se pronunciar­án después del CISNS, aunque esta última quiere que se tengan en cuenta «otros condiciona­ntes» como el de las familias cuya economía depende del cultivo de tabaco, ya que el 95% de ellas viven en esta comunidad.

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JESÚS HELLÍN/EUROPA PRESS
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La ministra de Sanidad, Mónica García

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