Comienza el realojo de 1.600 familias de la Cañada Real
► La Comunidad y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas ya han realojado a más de 239 familias desde el pacto de 2017
La Comunidad de Madrid firmaba ayer el protocolo del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real, que da inicio a las actuaciones necesarias para que más de 1.600 familias vulnerables de este asentamiento puedan acceder a un hogar, se integren en la sociedad y comiencen un nuevo proyecto de vida. El consejero de las áreas de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, rubricaba dicho documento junto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de la capital y de Rivas-Vaciamadrid. El acuerdo tendrá una duración de diez años, hasta 2034.
Esta iniciativa contará con un presupuesto de 330 millones de euros, que abonarán las administraciones implicadas. De ellos, 110 corresponden al Ejecutivo madrileño, que se destinarán a la adquisición de inmuebles, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos necesarios para ejecutar el realojo de estas familias. «Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que habitan en la Cañada y que actualmente conviven en condiciones de precariedad y pobreza», ha señalado Rodrigo.
De la misma forma, el 17 de mayo de 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana y, desde entonces, la Administración autonómica ha firmado convenios de colaboración que han permitido el realojo de 239 familias, 15 hogares en proceso de entrega y una inversión de más de 53 millones de euros. «Además, en esta legislatura tenemos el compromiso de construir 1.700 nuevos inmuebles que se incorporarán al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social», recordó el propio consejero.
De la mano del Ayuntamiento
El delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, asistía a la firma de este protocolo en la propia Cañada Real, junto al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín y la alcaldesa del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, además del ya mencionado Jorge Rodrigo. En el acto también estuvo presente el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y representantes de entidades sociales y ONG.
Este nuevo protocolo garantizará el acceso a una vivienda digna para 1.600 familias, que accederán a inmuebles de titularidad municipal en régimen de alquiler social. El Ayuntamiento de Madrid aportará la mayor parte de los 110 millones de euros que corresponden a las administraciones locales, y el resto corresponderá a los realojos dependientes del consistorio de Rivas-Vaciamadrid. El protocolo firmado hoy contempla también el derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales existentes, así como las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de reurbanización y regeneración urbana que, en su caso, se estimen oportunas.
En su intervención, Álvaro González aclaró que este protocolo no es solo un acuerdo entre administraciones sino un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de muchas personas, así como «un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, y que también merecen una igualdad de oportunidades». El consistorio madrileño, tal y como insistía González, continuará comprometido «para construir una mejor ciudad en cada uno de sus barrios y distritos, sin excepción».
Desde la firma del Pacto Regional en el año 2017, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido 26 millones de euros en su política de realojos. Gracias a la adenda del convenio vigente firmada con el Gobierno regional en 2023, se ha ampliado la bolsa de viviendas hasta llegar a las 180 y se ha avanzado en el ámbito territorial del realojo.
Esta vía pecuaria de 14,2 kilómetros de longitud discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, pero también por Coslada y Rivas-Vaciamadrid, y se ha convertido en los últimos cincuenta años en el asentamiento irregular más grande de España, con unas 7.300 personas. Por ello, David Lucas quiso recalcar que «han sido organismos internacionales y grupos sociales» los que más han luchado por poner fin a este asentamiento «tan complejo».