El fiscal exige 3,1 millones a los líderes del «procés»
► Pide al Tribunal de Cuentas que avale el desvío de fondos para el 1-O de Puigdemont, Junqueras y una treintena de encausados
A la espera de la entrada en vigor de la amnistía, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas mantiene su reclamación de 3,1 millones de euros para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de 3,1 millones de euros para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y promocionar el proceso soberanista en el extranjero a través de Diplocat. En su escrito de conclusiones –en el que insiste en que la ley de amnistía aún no ha entrado en vigor– el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, considera acreditada la responsabilidad contable tanto de Puigdemont, en su condición de «responsable máximo de la Generalitat» en el momento de los hechos investigados, como –entre otros– de Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, condenados todos ellos por prevaricación por el Tribunal Supremo por su papel en el «procés».
La responsabilidad contable de Artur Mas y Puigdemont, asegura el fiscal en relación a la promoción exterior del «procés», deriva «de su participación y dirección de todos los proyectos» impulsados con ese objetivo, que excedieron «los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña».
En cuanto a Junqueras, destaca su «especial protagonismo» en la ordenación de pagos por el papel que le otorgaba la Ley de Finanzas Públicas catalana como responsable de Hacienda. «El menoscabo es real y efectivo, al haberse producido la salida de los fondos», asegura el fiscal, para quien no existe «ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables» al comportamiento de los demandados.
En cuanto al desvío contable para la organización del referéndum del 1 de octubre, el fiscal entiende que se ha probado «un alcance de los fondos públicos por importe de 883.695 euros», del que son responsables «el presidente y consejeros del Gobierno de la Generalitat y los funcionarios que intervinieron en los gastos».
Esos pagos se efectuaron, explica, «sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación”, amparándose en el acuerdo del Govern de 7 de septiembre de 2017 que autorizaba poner los recursos de la Generalitat al servicio del 1-O. Aunque Puigdemont, precisa, no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria «le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta».
La Fiscalía también se refiere a la promoción exterior del «procés» financiada con dinero público a través de Diplocat. En total, 2.209.503,8 euros. Una actividad que incluyó, explica, tanto los viajes realizados por Carles Puigdemont y sus consejeros como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades de Diplocat.
La responsabilidad por estos hechos afecta, detalla, «a presidentes y consejeros de las dos legislaturas en las que se efectuaron los gastos» y también a personas que ocupaban «escalones intermedios» en los departamentos afectados.
La gestión realizada en ocasiones por las «embajadas» catalanas (a las que también imputa gastos indebidos en relación con el 9N), explica, «no se ajustó a la legalidad vigente» ni las transferencias «se aplicaron a las finalidades previstas». Puigdemont, Junqueras y el resto de encausados, subraya el fiscal, «lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales y responsabilizarse de que los fondos públicos no se destinaran a sufragar actividades» para «expandir y buscar apoyo internacional para el proceso secesionista, la autodeterminación y la idea del referéndum», participaron «activamente» en la consecución de dichos objetivos, que «impulsaron en el ejercicio de su cargo».
Cifra en 2,2 millones el dinero desviado para promocionar el «procés» en el extranjero