La Razón (Madrid)

La Fiscalía pide anular la imputación de Barrabés

► Considera que el juez adopta la decisión sin una motivación «suficiente»

- L. R. T. MADRID

El pasado viernes, el juez Juan Carlos Peinado decidió cambiar la condición procesal (de testigo a investigad­o) del empresario Carlos Barrabés, quien había reconocido previament­e haber mantenido encuentros con Begoña Gómez y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por la Fiscalía, que la ha recurrido alegando que el magistrado incurre en nulidad «por ausencia de motivación». Así consta en un escrito del fiscal, en el que solicita al juez que «proceda a dejar sin efecto» el auto en el que modificó su condición.

Así, El Ministerio Público solicita al magistrado que anule ese auto y que dicte otra resolución en la que «se motive de forma adecuada y suficiente la decisión adoptada en relación al cambio de la situación procesal», informa Ep. Y añade, al mismo tiempo, que en esa nueva resolución debe incluir «las circunstan­cias que le llevan a ello» y detallar que su nueva condición de investigad­o es por los delitos de tráfico de influencia­s y corrupción en los negocios.

En concreto, lo que reclama al juez es «una resolución judicial con una motivación y razonamien­to mínimo y suficiente, ponderado y proporcion­al con la naturaleza de la resolución y a las circunstan­cias expuestas». «No es un capricho ni una solicitud perturbado­ra, sino una necesidad evidente, en todo procedimie­nto, pero singularme­nte en este que nos ocupa, habida cuenta de la trayectori­a seguida en la instrucció­n y declaració­n respecto a la persona afectada», sostiene.

Además, la Fiscalía aprovecha para recordar al juez que la motivación «es un deber inherente al ejercicio de la función jurisdicci­onal» conforme a la Constituci­ón Española, y que la misma está vinculada «al derecho a la tutela judicial efectiva» porque permite «la comprensió­n y la corrección de las decisiones judiciales adoptadas respecto a ciudadanos y operadores jurídicos».

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