El Defensor del Pueblo denuncia que las señales de tráfico estén en catalán
El Defensor del Pueblo refleja la problemática del adoctrinamiento educativo que se vivió el año pasado en Cataluña, cuando el conflicto soberanista tuvo su punto más álgido y denuncia la inacción de los dos últimos gobiernos en esta materia. En el informe que ayer presentó ante los presidentes del Congreso y del Senado, la institución alerta de que en el 2018 se registraron 26 quejas de padres que avisaban de que en «centros educativos se producían actos de reivindicación política».
A pesar de que la cifra se ha reducido respecto a 2017 en dos menos, el Defensor pide que se acaben estas prácticas. «Hay espacios más adecuados para este tipo de actos, y quienes los promueven o los autorizan y quienes tienen responsabilidades políticas y educativas, ya sea la Administración, las formaciones políticas, las asociaciones de cualquier índole ola comunidad educativa, deberían responsablemente planteárselo», aconsejan.
En la memoria, el Defensor del Pueblo critica la pasividad por parte del último Gobierno del PP y el actual Ejecutivo socialista ante los requerimientos de esta entidad. Según desvela en el informe, el ministerio de Educación en 2017 no respondió a los dos requerimientos en los que enviaba las quejas que les llegaban sobre los lugares donde se estaba produciendo adoctrinamiento. Y una vez contestado, en abril de 2018, la respuesta se consideró por parte de este órgano «claramente insuficiente» al «no aportar datos sobre las actuaciones de inspección y de control que hubieran podido realizarse». Ante esto, el Defensor remitió un nuevo escrito que recibió respuesta en diciembre de 2018, bajo la dirección de la ministra Isabel Celáa en la que se describían «con mayor detalle las actuaciones practicadas», pero que «en todos los casos, el departamento de la Generalitat considera que no procede restaurar derechos ni depurar responsabilidades aludiendo a la inconcreción o falta de rigor de las denuncias», indica el Defensor.
El organismo dirigido por Francisco Fernández Marugán también insta al Govern de las Islas Baleares a que el uso de la lengua vehicular sea «menos restrictivo» y se permitan más horas de enseñanza en castellano. Se apoya en el «derecho de los padres a que sus hijos reciban las primeras enseñanzas en su lengua materna».
El Defensor del Pueblo también expresa su preocupación por las quejas recibidas por la colocación de lazos amarillos y símbolos de ideología independentista en Cataluña. Se contabilzaron hasta 58 denuncias de ciudadanos. Así, el organismo recuerda que «ninguna formación política puede patrimonializar los edificios públicos en su propio beneficio». Como conclusión, esgrime que, «los poderes públicos deben respetar el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista», incompatible «con la presencia en los edificios públicos de símbolos propios de una ideología».