Glovo y Deliveroo quieren «riders» autónomos
Propuesta de las plataformas digitales Piden adaptar la ley para dar mayor cobertura y protección laboral a los repartidores
Se pide ajustar la ley para proporcionar mayor cobertura laboral.
Las plataformas digitales quieren ascender a los falsos repartidores autónomos convirtiéndolos en sus propios jefes, en principio, para aportarles mayores coberturas y protección. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), junto a sus miembros asociados Glovo, Stuart, Uber Eats y Deliveroo, ha presentado una propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales mediante la que plantean una reforma de la legislación y ha pedido a las autoridades abrir un debate que permita configurar un sistema flexible y garantista para los prestadores del servicio, empresas y usuarios.
La propuesta de Adigital recomienda una reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/ 2007) que califique a los profesionales que operan a través de estas plataformas como trabajadores autónomos y corrobore su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La asociación demanda una adaptación de la figura laboral del TRADE a la nueva «realidad digital». Actualmente, este colectivo está formado por autónomos que facturan el 75% de sus ingresos a un mismo cliente, si bien el TRADE digital estaría ligado a todo un sector y no a una sola empresa.
Para ello, la entidad se inclina hacia el modelo francés del que pretende replicar la llamada «Carta Social», una propuesta que aspira a mejorar la protección de los trabajadores autónomos aumentando su seguridad jurídica. Este cambio en la legislación dotaría a los autónomos digitales de mayores coberturas, como la protección frente a contingencias de salud o por el cese de la actividad profesional.
La reforma pretende aportar luz a esta nueva realidad laboral que ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por la Inspección de Trabajo que define a los «riders» como «falsos autónomos» que deberían estar contratados por cuenta de la empresa, un argumento que divide a los jueces con sentencias tanto a favor como en contra.
La judicialización del sector ha derivado en una «grave situación de inseguridad jurídica» que quieren dejar atrás, según la organización. Adigital justifica esta actualización legislativa en la importancia que estas empresas tienen para el conjunto de la economía española, a la que calculan que aportan 643 millones de euros al PIB español y 14.337 puestos de trabajo.