Portazo en Meirás a los encargados de la mudanza
Con la mudanza a punto, la familia Franco vio ayer cómo se le denegaba el acceso al Pazo de Meirás después de que lograra autorización judicial para llevarse todo lo que hay en el interior . Fue el vigilante de una empresa de seguridad el que impidió la entrada a la propiedad a los encargados del traslado.
Los Franco tenían el visto bueno para retirar «las cosas, bienes u objetos» de su propiedad, según una diligencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, que hace dos semanas lo autorizó en cumplimiento del auto judicial de la Audiencia Provincial coruñesa que revocó el depósito de todos los bienes en favor del Estado. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso en contra, al que se han sumado la Diputación y los ayuntamientos de Sada y La Coruña.
El Gobierno central quiere que se identifiquen los enseres que los Franco quieren trasladar y que se establezca un calendario de mudanza para que la operación se lleve a cabo bajo supervisión.
La diligencia de ordenación del 28 de abril daba un plazo de un mes a los Franco «y se requería a la Administración General del Estado para que se facilitase el acceso a los profesionales designados», indica Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia. Con ese fin, presentaron un escrito el día 4 indicando las personas que se encargarían del traslado. El letrado afirma que la decisión que les daba permiso para retirar sus enseres «no tiene efectos suspensivos», ya que «no cabe recurso, es la ejecución de la resolución de la Audiencia de La Coruña, y no hay medidas cautelares».
El abogado y portavoz anunció que llegaría hasta donde fuese necesario para reclamar lo que «es de mis clientes». Ya está «preparando un escrito al juzgado denunciando la situación y pidiendo una ampliación del plazo», señala a LA RAZÓN.