El PIB modulará el alza del salario mínimo en 97 euros
El Gobierno estudia restrasar a 2022 la carrera a los 1.047 euros
El Gobierno desoja la margarita sobre si ha llegado el momento de acometer otra subida del Salario Mínimo (SMI) que haga más digeribles las posteriores. Parte del Ejecutivo, encabezado por el «ala económica» de las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, a la sazón Economía y Hacienda, es partidario de retrasar un primer aumento hasta principios del año próximo para no perturbar lo que parece una fuerte recuperación. Se trataría de blindar primero el regreso a losparámetros macroeconómicos previos a la pandemia para acometer antes de las elecciones, con un ciclo económico ya más favorable, medidas sociales que los empresarios sí puedan asimilar. Otra parte, la que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha empeñado en arrancar antes de final de año. Y cuanto antes, porque en el empeño va su palabra.
Ayer, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, tuvo que nadar entre esas dos aguas. Por un lado se mostró confiado en que el SMI alcanzará esta legislatura el 60% del salario medio, lo que supone subirlo entre 62 y 97 euros y situarlo entre 1.012 euros y 1.047 euros en 2023, según el cálculo del grupo de expertos. «Es muy útil tener la medida de la distancia y saber con confianza que vamos a poder cumplir el objetivo de legislatura» de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, apuntó en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja.
Este informe del grupo de expertos, según avanzó el propio secretario de Estado, concluye que el salario mínimo, que actualmente es de 950 euros mensuales en 14 pagas tras no haberlo revisado aún para este ejercicio, tendría que subir entre 62 y 97 euros mensuales para alcanzar el 60% del salario medio. García Andrés remarcó que en los dos primeros años de legislatura el SMI ha subido «casi un 30%», lo que supone «un logro extraordinario» porque, más allá de posibles efectos sobre el empleo, también tiene consecuencias sobre la desigualdad.
«Marcianada»
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, reiteraba que aún está por definir cómo «distribuir el peso» hasta 2023, dejando en el aire «si incluimos 2021». «Es importante llegar a ese compromiso pero también que sea compatible con la generación de empleo», advirtió Montero, porque «hay que equilibrar la mejora del poder adquisitivo pero garantizando que no será a costa de la pérdida de puestos trabajo». De hecho, el Banco de España afirmó la pasada semana que la subida del SMI de 2019 en un 22% costó hasta 174.000 empleos.
Sin embargo, los sindicatos UGT y CC OO consideran que ya ha llegado el momento. El pasado verano, con la economía cayendo a plomo ya creían que era hora de negociar la siguiente subida, así que la mejoría de las previsiones de crecimiento les ha dado alas. En este sentido, los sindicatos presionan para acelerar la megociación en el marco del diálogo social pese a que los empresarios consideran una «marcianada» subir el SMI con la que sigue cayendo y cuando apenas se vislumbran tibios signos de crecimiento, según indican desde la patronal a este diario.