Hungría sigue los pasos de Polonia en su pulso judicial con la UE
► El Constitucional magiar abre la puerta a no cumplir las sentencias europeas
El Tribunal Constitucional de Hungría hizo ayer público un ambiguo ambiguo veredicto en el que, si bien no cuestiona la primacía del derecho derecho comunitario sobre el nacional, nacional, sí deja abierta la puerta a que Hungría puede desobedecer las sentencias de la Justicia europea.
Este dictamen es la respuesta a los intentos del Gobierno nacionalista nacionalista de Viktor Orban de no cumplir el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que obliga al país a enmendar su política respecto a la acogida de refugiados. Los portavoces portavoces comunitarios se limitaron ayer a señalar la primacía del derecho derecho comunitario sobre el nacional nacional y esperar a la interpretación que hacen las autoridades del país de esta sentencia.
Si Budapest decide comenzar a desobedecer los fallo del Tribunal de Justicia de la UE, seguirá la estela estela de Polonia, cuyo Tribunal Constitucional ha puesto en duda la preminencia del derecho comunitario, comunitario, uno de los principios vertebradores vertebradores de la UE. La deriva autoritario de los dos países preocupa preocupa desde años en las instituciones instituciones comunitarias, que han abierto a los dos países varios procedimientos procedimientos de infracción.
Pero los castigos podrían llegar a una nueva fase si la Comisión Europea decide activar el nuevo procedimiento que vincula los fondos europeos al cumplimiento al Estado de derecho. Bruselas ha decidido esperar hasta que la legalidad legalidad de este nuevo mecanismo esté clara y, por eso, no dará este paso hasta que se produzca el fallo del Tribunal de Justicia de la UE a principios de 2022. El 2 de diciembre, diciembre, el abogado general del TJUE, cuyo veredicto no es vinculante pero suele anticipar el fallo en un 80% de los casos, avaló la legalidad de esta nueva herramienta. En sus conclusiones, señala que este mecanismo mecanismo no resulta incompatible con otros instrumentos sancionadores sancionadores ya existentes, como el artículo artículo 7, pero cuya puesta en marcha marcha se encuentra en punto muerto, debido a que se necesita la unanimidad unanimidad de las capitales europeas.
El español Manuel Campos Sánchez-Bordon desmonta los argumentos de Varsovia y Budapest Budapest al asegurar que este nuevo instrumento «no pretende proteger proteger el Estado de derecho mediante mediante un mecanismo sancionador similar al del artículo 7, sino que establece un instrumento de condicionalidad condicionalidad financiera para preservar preservar este valor de la Unión» y puntualiza que «el respeto de los principios del Estado de derecho puede revestir una importancia fundamental para el buen funcionamiento funcionamiento de las finanzas públicas y la correcta ejecución del presupuesto presupuesto de la Unión». El abogado general defiende la seguridad jurídica jurídica del nuevo mecanismo.