Los tres años de Guaidó pendiente de 25 millones en los tribunales españoles
► Un juzgado debe decidir si da la custodia de este dinero al presidente interino o a Nicolás Maduro
ElEl 23 de enero de hace ya tres años un tal Juan Guaidó, entonces des-conocido, des-conocido, se proclamó presidente «interino» de Venezuela tras el fraude de unas elecciones que habían dado la vic-toria vic-toria a Nicolás Maduro. Desde en-tonces en-tonces este opositor, que entró en los telediarios de todo el mundo, emprendió una batalla internacio-nal internacio-nal con dos derivadas: la política - que los Estados lo reconocieran como el legítimo líder del país bo-livariano bo-livariano (y, aunque con matices, lo hicieron más de 50)- y la económica, económica, hacerse con los activos de Venezuela en el exterior. En España tiene pendiente nada menos que 25 millones de euros sobre los que los tribunales deben decidir.
El pleito por este dinero se inició por un nombre. El registro mercantil mercantil de Madrid cambió de propietario propietario en mayo de 2019 (tres meses después de que Pedro Sánchez Sánchez anunciara oficialmente el reconocimiento de Guaidó) unos activos repartidos en varios bancos bancos españoles que pertenecían a la Corporación Venezolana de Guayana. Ésta es una empresa pública, pública, una de las más solventes del país, que explota minerales en esa zona y quedó en manos de Enrique Enrique Castells a quien Guaidó designó designó como administrador. Pero Maduro, Maduro, que se niega a que el líder opositor se haga con la riqueza en el extranjero, emprendió en 2020 una batalla legal para que la designada designada fuera Rocío Falcón, según fuentes conocedoras del estado del procedimiento. Sucede que recientemente Castells ha fallecido fallecido con lo que, con la teoría sobre la mesa, no se podría nombrar a uno nuevo, pues Guaidó ya no está en la Asamblea, por lo que se ha generado un limbo importante en el proceso.
En el combate están dos pesos pesados de la abogacía: el despacho despacho Cremades y Calvo Sotelo por los intereses del presidente interino, interino, y Lupicinio abogados de la mano de Maduro. La encrucijada judicial se basa en saber quién es el representante legal que puede acceder a estas cuentas repartidas entre el Banco Sabadell, Cajamar y BBVA. Cuando las entidades bancarias observaron la bicefalia que se había producido en la Corporación Corporación consignaron el dinero en dos Juzgados (el de 1ª Instancia número 13 de Madrid y el número 86) a la espera de qué decidía el juez del procedimiento principal. Éste, que se sigue en el Mercantil 9 de la capital, determinará quién es el administrador legítimo y marcará el futuro del dinero.
Una decisión que no ha sido nada fácil en otros Estados en los que Guaidó también se ha lanzado a pleitear. Por ejemplo, en Reino Unido donde hace meses logró una victoria parcial, tras un largo camino por 31 toneladas de oro que hay depositadas en el Banco de Inglaterra (uno de los mayores proveedores del servicio de custodia custodia de este metal a nivel mundial). Allí sucedió lo mismo, ambos dirigentes dirigentes venezolanos nombraron juntas directivas paralelas del banco banco venezolano y los tribunales británicos llevaban años debatiendo debatiendo si el hecho de que Guaidó estuviera reconocido le hacía de forma inequívoca apto para acceder acceder al valioso metal.
El pasado mes de diciembre la Corte suprema de Reino Unido (máxima instancia judicial) le dió la razón, pero remitió a la División Comercial el caso para que eventualmente eventualmente determinara si Guaidó es reconocido como jefe de Estado por el Gobierno de Boris Johnson o si también lo ha sido como jefe del gobierno. Toda una paleta de matices sobre la que los tribunales no tienen la llave maestra. «Si estos países permiten situaciones como la de este gobierno interino prospere, prospere, esto podría dar lugar a que otros con situaciones similares hagan lo mismo», explica Mª Isabel Isabel Puerta Rivera, profesora de Ciencias Políticas del Valencia College College (Estados Unidos).
El opositor venezolano ha ganado ganado ya batallas por ejemplo en Estados Estados Unidos, donde se quedó con la administración de una filial de la petrolera venezolana PDVSA llamada Citgo tras el reconocimiento reconocimiento del entonces presidente Donald Trump. O en Colombia con la venezolana Monómetros (que produce y distribuye fertilizantes fertilizantes para el mercado colombiano). colombiano). Esta joya tenía en nómina a más de 1.400 empleados, pero se declaró en quiebra en septiembre. « Ahí es donde está el problema. Nombrar las Juntas ‘ad hoc’ y que los gobiernos reconozcan su legitimidad legitimidad supone manejar una situación situación muy complicada cuando hay un concepto [presidente encargado] encargado] además que legalmente tiene muchas limitaciones», expone expone Puerta Rivera.
Lo que hayan decidido otros países no tiene por qué ser el espejo espejo de lo que determinen los tribunales tribunales en España, indican fuentes fuentes del procedimiento. De hecho, el dilema español es mucho más complicado. « La necesidad de preservar la seguridad de los españoles españoles y las empresas que están allí, en esto es muy distinto de lo que puede ser Alemania o Reino Unido», Unido», aclara Ysrael Camero, historiador historiador y miembro de la oposición en venezuela entre 1999 y 2018.
« Aquí en España hay un trato ambiguo porque se reconoce y tiene su sede aquí la representación representación diplomática de Guaidó, en manos de Antonio Ecarri, pero no tiene abiertamente un trato del Ministerio de Asuntos Exteriores como lo tiene un embajador de pleno derecho», subraya también Eduardo Troconis, profesor de Derecho Internacional público en la Universidad Carlos III de Madrid Madrid y exdiputado venezolano. «Una cosa es el reconocimiento de ese Estado y otra cosa es la eficacia de ese reconocimiento», dice. Con todas estas aristas, los jueces tendrán tendrán que hacer equilibrios para decidir sobre el dinero de Venezuela Venezuela en España que, por el momento, momento, la vista previa sigue pendiente pendiente de señalar.
El representante de Guaidó en España acaba de fallecer dejando en el limbo el procedimiento