Trilerismo de derechos
A pesar del...
YaYa sabe usted, señora, que es usted la que termina pagando las supues-tamente supues-tamente justas y progresistas polí-ticas polí-ticas del Gobierno. Lo que no sabe es cómo lo hará. Un caso repetido son los llamados derechos sociales, y en particular el derecho a la vivien-da. vivien-da. Las autoridades se llenan la boca con pa-labras pa-labras estupendas, y esperan llenar las urnas con votos favorables, alegando que promueven promueven el acceso a la vivienda. En el caso de las viviendas sociales el asunto es más que dudoso, dudoso, porque si se entrega una vivienda por debajo debajo del precio de mercado eso significa que el Estado forzará a la gente a pagar la diferencia con impuestos; así, lo que facilita el acceso a la vivienda para unos, lo dificulta para otros.
En los últimos años, en el intervencionismo que siempre ha caracterizado a la construcción en nuestro país, ha destacado la reserva para vivienda protegida y alquiler social del 30 % de todos los proyectos inmobiliarios, e incluso, como leí hace un tiempo en «Cinco Días», los proyectos en suelos consolidados, ya urbanizables: urbanizables: « Esas parcelas son las que ya tienen los permisos, provienen de edificios antiguos o de inmuebles que se tiren para rehabilitar. Esta propuesta es muy similar a la que Ada Colau impulsó en Barcelona en 2018».
El desastre de esa medida, promovida por la ultraizquierda, se ha visto con claridad, precisamente, precisamente, en Barcelona, con la oferta a la baja y los precios al alza. También allí la progresista progresista Generalitat ha comprobado que controlar el precio de los alquileres reduce la oferta y daña a quienes se pretende beneficiar: los jóvenes jóvenes y las personas con menores ingresos. Es la misma idea que promueve Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, y todas las medidas para perjudicar a las trabajadoras. trabajadoras.
Pero, conscientes de la escabechina que pueden ocasionar, las autoridades se han apresurado apresurado a aclarar que ellas no usurpan la propiedad propiedad privada, porque la norma será aplicada por los ayuntamientos, y limitada por las autonomías. autonomías. Incluso, si aplican la norma, los ayuntamientos deberán compensar a las empresas empresas promotoras cediéndoles suelo. Típico trilerismo que ocultará, como siempre, la repercusión repercusión de todo esto en los bolsillos de la gente.
En un punto, sin embargo, la izquierda tiene razón, esta pésima idea existe desde el calamitoso calamitoso gobierno del trío calavera: Barbie-Guindos-Montoro.