El Gobierno revisa el impuesto de sociedades y el del tabaco
Hacienda también estudia un posible aumento del gravamen sobre el alcohol
La subida del impuesto de sociedades y de los tributos especiales, como el del tabaco y el alcohol, centra el nuevo esfuerzo que deberá hacer España para acercar los presupuestos generales del Estado del 2017 al objetivo de déficit del 3,1% –unos 5.500 millones de euros de desajuste con respecto a la mera prórroga de las cuentas presentadas en Bruselas antes de que hubiera nuevo gobierno–. Así lo han reconocido en las últimas horas tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Gobierno negocia “cambios” en sociedades e impuestos especiales, han asegurado, al tiempo que insisten en que “no se van a tocar” ni el IRPF –cuya última rebaja se adelantó al verano del 2015, poco antes de las elecciones– ni el IVA.
Montoro evitó adelantar ayer en qué se traducirán estos cambios, aún sujetos a negociación. En el caso de la regulación de sociedades –que en octubre volvió a recuperar el pago anticipado para las grandes empresas ante el fuerte descenso de la recaudación–, desde el área económica del Ejecutivo de Mariano Rajoy sólo han reconocido que pretende eliminar o cambiar parte de las deducciones, como los denominados “créditos fiscales”, que permiten la compensación de pérdidas de ejercicios pasados cuando se tributen beneficios. Así no elevarán los tipos impositivos, tal y como acordaron con Ciudadanos en el pacto de investidura y, de paso, intentarán reducir los “agujeros” que ahora hacen que la tributación efectiva de las empresas sean notablemente inferior a lo establecido por ley. Un reciente informe de Fedea señalaba que en el 2014 “la base imponible del impuesto de sociedades se ha visto aminorada por estos beneficios fiscales alcanzando casi el 15% de la recaudación fiscal”. La presión vuelve a dirigirse sobre las compañías, después de que la recaudación por el impuesto de sociedades no se esté recuperando en línea con la reactivación de la actividad económica: si en el 2007, antes del estallido de la crisis, las arcas públicas recibieron 44.800 millones de euros por el mencionado impuesto, el año pasado se cerró con poco más de 20.600. Y, sobre todo, cuando hasta septiembre de este año, la recaudación ha caído casi un 30% con respecto al año anterior.
En cuanto a los impuestos especiales, con los que el año pasado la Hacienda Pública recaudó el año pasado 19.147 millones de euros –una cifra que apenas ha variado en los últimos años–. El equipo de Montoro da por descontado que aumentarán aquel que grava el tabaco (unos 6.600 millones, en el 2015), una reglamentación cuestionada por los tribunales europeos. Junto al del alcohol (algo más de 1.000 millones), se trata de tributos especiales que generan menor rechazo social. Mientras que, por ejemplo, el de combustibles (casi la mitad de lo ingresado por impuestos especiales) tiene impacto directo en transportistas y en el sensible bolsillo de los conductores. La revisión de este tipo de impuestos también podría apostar por aumentar la fiscalidad de los de carácter medioambiental, poco extendidos en España a pesar de los requerimientos de Bruselas.
Aparte de las guías básicas de los presupuestos del Estado, el Gobierno continúa negociando el techo de gasto, en teoría de forma preferente con el grupo socialista. Sin embargo, el PSOE se queja de que no hay “números sobre la mesa”. Si los planes del Ejecutivo siguen adelante, el techo de gasto –necesario para que las comunidades diseñen sus presupuestos para el 2017– deberían aprobarse en las próximas dos semanas. Con el nuevo margen sobre el déficit, los gobiernos autonómicos reclaman que la meta de desajuste presupuestario del 2017 se quede en el 0,7% del PIB, frente al 0,5% barajado por el Gobierno.
En esta legislatura sin mayoría absoluta y después de casi un año en funciones, los frentes que negociar en el ámbito económico se multiplican: además del techo de gasto, que deberá abordarse con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Economía ya ha ofrecido al grupo socialista consensuar quién sustituirá al segundo de Linde, el actual vicegobernador del Banco de España, Fernando Restoy, que en dos meses se incorpora al Banco Internacional de Pagos de Basilea. También está sobre la mesa el futuro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya segregación en dos instituciones –uno encargado de la supervisión de los sectores regulados y otro de la promoción de la competencia– figura en el pacto con Ciudadanos.
En Hacienda dan por seguro el incremento en el tabaco y son menos claros sobre el alcohol