Montoro descarta recurrir al TC la tasa catalana al azúcar
El ministro argumenta que el impuesto en Catalunya lo recomienda la OMC El titular de Hacienda defiende una nueva rebaja fiscal en el 2019
A pesar de haberla anunciado a finales del 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy entierra la implantación de una tasa estatal sobre bebidas azucaradas y carbonatadas. ¿El argumento básico? Que la situación de las arcas del fisco ha cambiado. “No necesitamos crear nuevas tasas, tal y como va la recaudación”, aseguró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al tiempo que calificó de “perturbadora” la apuesta por este tipo de tributo. Hace apenas siete meses, Montoro defendía la medida por “motivos de salud” e incluso estimaba recaudar con ella 200 millones al año, a partir de este 2017.
La decisión contribuirá a calmar el patente malestar de la industria alimentaria. Aunque sólo en parte, porque el ministro de Hacienda anunció también en el foro Cinco Días que no atenderán su petición de recurrir ante el Tribunal Constitucional la tasa sobre las bebidas de alto contenido en azúcar implantada en Catalunya. Montoro defendió su decisión argumentando que la tasa, que empezó a aplicar la Generalitat el pasado mayo, “es un tipo de acción política que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y que “existe en otros países”. “El recurso al Constitucional no lo veo”, resumió.
El responsable del departamento de Hacienda sólo señaló a los fabricantes una vía para acabar con la tasa catalana a las bebidas azucaradas: lograr un acuerdo de una mayoría parlamentaria para que, como hicieron en su día con la imposición autonómica a los depósitos bancarios, estos tributos queden anulados de facto al establecer un tipo estatal 0%. “Si la industria está tan preocupada, que hable con todos los partidos políticos y no con el gobierno”, recomendó el ministro para después sacar a relucir la “debilidad” del ejecutivo.
Con la cabeza puesta en las nuevas cuentas del Estado para el 2018, Montoro borró además cualquier posibilidad de que el próximo año se produzca una bajada del IRPF. “Ahora la prioridad es reducir el déficit”, resaltó. En el 2018, el compromiso con Bruselas pasa por cerrar el desfase entre gastos e ingresos por debajo finalmente del 3%, requisito imprescindible para salir del procedimiento por déficit excesivo. Sin embargo, el ministro de Hacienda sí dio a entender que la bajada de impuestos, en concreto del de la renta, llegará antes de que el PP vuelva a enfrentarse a las elecciones generales, que se han de convocar como muy tarde a mediados del 2020. “Las reformas tributarias siempre se hacen al final de la legislatura”, apostilló con naturalidad, mientras señalaba que debe “tener zanahorias” para negociar del 2019-2020. Así mismo, Cristóbal Montoro no dudó en recordar que la reducción de los tipos de la pasada legislatura supuso un “impulso fiscal” de 12.300 millones de euros en los ejercicios del 2015 y el 2016.
En cuanto al arranque de la elaboración de las cuentas para el 2018, avanzó que el nuevo techo de gasto –debe recibir el visto bueno aprobarse en consejo de ministros del 30 de junio, apenas una semana después de que el Senado apruebe definitivamente los presupuestos para este año– permitirá que el Estado disponga de alrededor de un 2,3% más de recursos que este 2017. Es lo establecido en la regla de gasto, explicó, “y sería contradictorio” superarlo, porque es “lo que estamos exigiendo al resto de las administraciones”. Hacienda mantiene agrios contenciosos con algunas autonomías a cuenta de la regla de gasto y, en especial, con la ciudad de Madrid, gobernada por una plataforma encabezada por Podemos.
Montoro se mostró dispuesto a negociar con los sindicatos para que los presupuestos del 2018 recojan una nueva subida salarial para los empleados públicos –este año, ganarán un 1% más–. Y, para luchar contra la morosidad de las empresas hacia sus proveedores,
“Las reformas tributarias siempre se hacen al final de la legislatura”
“No me voy a ir porque tengo trabajo”, aseguró el responsable de Hacienda
apostó por introducir “una penalización fiscal” para los responsables. Un “desincentivo”, indicó, que será más fácil de aplicar con la inminente implantación del nuevo suministro de información del IVA.
A un día de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la sentencia condenatoria del Constitucional por la amnistía fiscal del 2012 y a la espera del debate sobre su reprobación, ayer Montoro rechazó de la plano la posibilidad de di-mitir. “No me voy a ir porque tengo trabajo”, aseguró, después insistir en el “sentido” de la amnistía y destacar el afloramiento de 40.000 millones “que no estaban”.