Un trasvase polémico
El ministerio autoriza una cesión de caudales entre regantes
Aguas revueltas en las cuencas del Tajo y el Segura.
El uso del agua del Tajo vuelve a provocar un cisma entre la Junta de Castilla-La Mancha y la Administración central. El gobierno autonómico (PSOE) ha criticado un trasvase de agua desde la demarcación del Tajo hasta la del Segura (Murcia) autorizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para resolver la falta de recursos en el regadío del Sudeste español. El vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que su gobierno está dispuesto a “exigir responsabilidades” por esa transferencia de agua.
La polémica ha estallado al trascender que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente permitió el día 29 de septiembre un trasvase de 2 hm3 de agua a través del Acueducto Tajo-Segura, a pesar de que el agua almacenada en los embalses de la cabecera del Tajo está muy por debajo del nivel de reserva mínimo establecido por la normativa como requisito para conceder la autorización (fijado 368 hm3). Los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) están al 10% de su capacidad, y cualquier extracción adicional en el Tajo sitúa este río en la raya de su sobreexplotación.
El ministerio alega que “no se trata en ningún caso de un trasvase”, sino de “una cesión de agua entre particulares”, entre los regantes del canal de Estremera (Madrid), que captan aguas abajo de los grandes embalses del Tajo, y los regantes del Segura, que son los receptores. “Para esta autorización se ha pedido informe a la Abogacía del Estado, que no ha encontrado motivos para negarlo”, dice fuentes del ministerio. La ley de Aguas permite esa cesión en situaciones excepcionales. El ministerio indica que no es la primera vez que se autorizan contratos de cesión de derechos entre distintas cuencas hidrográficas (los hubo entre el 2005 y el 2009). Además, tanto los regantes que ceden el agua como los que la reciben pagan un peaje por usar el acueducto.
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas juzgan que “es un trasvase ilegal, puesto que se hace una transferencia de agua desde una demarcación hidrográfica hasta la otra incumpliendo la prohibición que rige cuando los embalses de la cabecera está por debajo del límite exigido”, señala Santiago Martín Barajas, experto de Ecologistas en Acción. “Si la concesión de agua de los regantes no es usada, debe quedar en el río. Estamos hablando de un grave daño ambiental al Tajo; se detraen recursos de un río que está en situación muy precaria y que, al ser extraídos, dejan de desempeñar la función ecológica que tendrían. Todo esto es una triquiñuela legal”, dice Martín Barajas.
“La decisión del Ejecutivo supone abandonar el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo”, critican los ecologistas (Greenpeace, WWF, SEO...), que ven en estos hechos la prueba del “nulo interés” del ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas. “El acueducto Tajo-Segura cada vez resulta más insostenible e inviable. Habría que ponerle una fecha de cierre definitivo, entre tres y cinco años, y así permitir una adaptación en la cuenca receptora (Murcia), y frenar la creación de nuevos regadíos en el tramo medio del Tajo”, dice Ecologistas en Acción. “De esta manera podría detenerse la degradación ambiental que sufre el río, lograr que se recuperara algo y poner fin a este conflicto social”, añade su portavoz.
Los ecologistas dicen que el Gobierno da la espalda a las normas europeas y desprotege el Tajo