La guerra del bioplástico
Polémica nacional en Italia por el pago de las bolsas biodegradables para los alimentos
Podría deducirse de esta polémica que Italia es el país de las maravillas y pocas cosas serias afligen a su población. Nada más lejos de la realidad. Desde que comenzó el 2018, uno de los asuntos de debate nacional ha sido la obligatoriedad de pagar las bolsas de plástico biodegradables en las que el consumidor, en tiendas y supermercados, mete la fruta y la verdura para luego pesarlas.
Los italianos, a tenor de las inflamadas reacciones en las redes sociales y del extraordinario eco mediático del tema, se han tomado la novedad como la enésima agresión del Estado –siempre denostado– a los sufridos ciudadanos. Se ha hablado de un nuevo impuesto encubierto. El costo medio de los controvertidos sacchetti ronda los dos céntimos de euro por unidad y queda reflejado en el recibo que entregan en la caja, algo que sin duda ha aumentado la indignación. Dado que se aproxima la campaña electoral, algunos partidos han aprovechado para cargar contra el Gobierno. Y no ha faltado la teoría del complot: detrás de las bolsas estaría Matteo Renzi, para favorecer a una amiga.
“Mamma mia!, ¿no habrá otros problemas en la vida?”, exclama Paolo, el encargado del supermercado Pewex en la vía Cassia, en la periferia norte de Roma. “Para gestionar el problema y evitar que los clientes se enfurezcan, hemos decidido cobrar un solo céntimo por bolsa, a pesar de que a nosotros nos cuestan seis”, se justifica Paolo.
A la entrada del supermercado, y en todos los puntos donde los clientes pueden coger los sacchetti, han colocado unos carteles con un prolijo texto que pocos tienen la paciencia de leer. Allí se explica que, el 1 de enero, entró en vigor la ley 123/2017, a partir de una directiva de la Unión Europea (la 2015/720) por la cual se establece que las bolsas “ultraligeras” usadas para verduras, hortalizas, frutas, pan, embutidos y otros alimentos deben ser de material biodegradable. La norma, según la ley italiana, prevé que el consumidor pague por las bolsas y eso se refleje en el recibo. El objetivo es concienciar a la gente sobre el impacto ecológico de su consumo. “Sentimos tener que aplicar esta ley, con la que no estamos de acuerdo, pero nos vemos obligados a hacerlo, entre otras cosas para evitar posibles multas fortísimas, que van desde los 5.000 a los 25.000 euros”, dice la nota de la cadena Pewex. La empresa agrega que “para favorecer a nuestra clientela” se ha decidido cargar un solo céntimo por bolsa, detalle destacado en un tamaño de letra mayor.
La gestión del asunto por parte del Gobierno de Paolo Gentiloni ha contribuido a calentar la discusión. Han intervenido los ministros del Medio Ambiente y de Sanidad. Primero se dijo que estaba absolutamente prohibido que los clientes trajeran de casa las bolsas biodegradables para evitar pagarlas en la tienda. Luego rectificaron. Sí pueden traerlas, pero siempre que sean nuevas. No está permitido, para evitar contaminaciones y riesgos sanitarios, reutilizar las bolsas. El problema es que comprar las bolsas fuera del supermercado suele costar más. Para acabar de confundir al personal, los ministerios hicieron saber que corresponderá a los empleados de las tiendas verificar que los clientes, en el caso de traer bolsas de casa, las llevan de verdad nuevas. Tal control es inviable en la práctica.
Según un editorial de La Stampa, el rifirrafe de las bolsas “es una parodia de la degradación política italiana”, pues mientras el público se distrae con los sacchetti, se ignora qué recetas tienen los partidos para acabar con problemas –esos sí, muy graves–, como la astronómica deuda pública. En La Repubblica , un analista reflexionaba sobre la desconfianza congénita de los italianos ante las innovaciones que llegan de arriba, una actitud de perenne rebeldía fruto del descontento y de cierto nihilismo.
En la cuestión de las bolsas algunos han querido ver la mano de Renzi. La compañía que produce el bioplástico (mater-bi, hecho de extractos de patata y maíz) usado para fabricarlas está dirigida por Catia Bastioli, una química de renombre mundial –premiada en el 2007 como científica europea del año–, que colaboró en el pasado con el partido del ex primer ministro y fue nombrada presidenta de Terna, el ente público que gestiona la red de alta tensión. Bastioli, muy irritada, ha recordado que se aplica una directiva europea, ha negado cualquier trapicheo deshonesto y ha destacado el hito de los bioplásticos para acabar con la mole de residuos que ahoga al planeta. En lugar de ser elogiada por sus compatriotas como pionera medioambiental, se ha visto enfangada por las sospechas. Nadie es profeta en su tierra, y menos en la desconfiada Italia.
Renzi es acusado de favorecer a una amiga, la química que desarrolló el pionero material