El Govern llevará al TC la ley comercial española
Si el tribunal acepta, estará en vigor la ley catalana del 2004
Punto para la Generalitat al abrir ayer un nuevo episodio en la guerra político-legislativa en materia de horarios y apertura en festivos del comercio minorista. Según anunció el conseller d’Empresa i Ocupació Felip Puig, el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley de 2012 que liberaliza los horarios comerciales por invasión de competencias, una medida que, de ser admitida por el Tribunal Constitucional, dejaría en vigor la ley catalana del 2004.
La semana pasada, el TC admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno del PP contra la ley catalana que regula los horarios comerciales y la apertura en festivos, que ha quedado suspendida. De esta manera, si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, que seguramente se presentará la próxima semana, y suspende la legislación española, se produciría una situación inédita. “En ese caso, estarían vigentes las leyes estatal del 1996 y la catalana del 2004, ya que ninguna de las dos ha sido recurrida”, según ex- plica José M. Balcells, Josep M. Balcells, socio de Baker & McKenzie abogados.
La legislación catalana del 2004 establece que los comercios pueden abrir un máximo de 12 horas diarias y un máximo de 8 jornadas festivas, los mismos términos que la legislación recurrida por el Gobierno español. La Generalitat se apuntaría, de momento, un tanto. Pero el combate promete ser largo, ya que tiene varios frentes abiertos.
Paralelamente al recurso al TC de la ley española del 2012, la Generalitat pedirá el levantamiento de la suspensión de la ley catalana de octubre del 2012. Además, intentará aprobar una nueva legislación comercial por vía parlamentaria.
Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene pendiente la admisión a trámite del recurso de la Generalitat, que presentará en breve, la decisión de levantar o no la suspensión cautelar de la ley catalana y, durante los próximos meses, decidir finalmente cuál de las dos leyes pervive sobre la otra. “El proceso total puede prolongarse durante largos meses”, advierte Balcells. Mientras tanto, las empresas se encuentran a merced de los vaivenes políticos y jurídicos.
No obstante, es la Generalitat quien controla el cumplimiento de la normativa y son sus inspectores los que vigilan el cumplimiento de la ley vigente, sea la que sea. El conseller ya advirtió que abrirían expediente a las empresas que se saltaran la ley catalana. Por si acaso, el comercio opta por la prudencia.