La líder del PP renuncia a ser escoltada por los Mossos
Camacho pide protección a la Policía Nacional porque desconfía de los mandos de la conselleria El Govern y el PSC juzgan oportunista ahondar la crisis de las escuchas de Método 3
La tensión policial entre los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía por las investigaciones sobre la agencia de detectives Método 3, epicentro del caso de espionaje a políticos, empresarios, jueces y personalidades, derivó ayer en una crisis política. La identificación por parte de la Policía Nacional del coche del director de los Mossos, Manel Prat, en las inmediaciones del domicilio de Francisco Marco, director de Método 3, horas antes de su detención –un extraño suceso desvelado el sábado por La Van
guardia–, llevó a la presidenta del PP catalán, Alicia SánchezCamacho, a renunciar al servicio de los escoltas de los Mossos, y sustituirlo por agentes de la Policía Nacional, por su desconfianza en la dirección política de la policía catalana. El Govern de la Generalitat, ERC y el PSC criticaron esta decisión al considerarla “irresponsable” y “oportunista”.
La investigación de la trama de espionaje a políticos, personalidades y empresarios ha estado acompañada desde el primer día de una gran polémica política –ya que miembros de varios partidos podrían estar implicados–, amén de sorprendentes revelaciones. La última, la identificación del coche de Prat en un lugar y una hora tan señalada y que este vehículo recogiera a una mujer que había estado hablando con Marco provocó que Sánchez-Camacho pidiera el sábado explicaciones al president, Artur Mas, y que ayer enviara una misiva a Ramon Espadaler, conseller de Interior, anunciándole que renunciaba a ser escoltada por los Mossos. En la carta Sánchez-Camacho indica que, conocidos los “graves” hechos publicados sobre Prat, “quiero comunicarle mi renuncia a la escolta de los Mossos y expresar mi agradecimiento personal a los profesionales que han prestado servicio en los últimos años”.
La dirigente popular decidió comunicarse por carta con Espadaler tras una conversación que mantuvieron el sábado el conseller y la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, sobre la cuestión. En la misiva señala también: “En mi condición de senadora y presidenta del comité electoral del PP necesito el servicio de escolta en toda España”. Y en este sentido recuerda a Espadaler que la policía de la Generali-
tat le denegó este servicio de protección en nueve desplazamientos durante el 2011 y el 2012 a León, Valladolid, Salamanca, Málaga, Vigo, Ourense, Menorca, Alicante, Elx, Gandia, Almería, Almuñécar, Granada, Jaén y Sevilla.
Pero estos no son los únicos elementos con los que el PP argumenta su desconfianza respecto a la dirección política de los Mossos. Fuentes populares recuer- dan la estrecha relación personal y profesional de Xavier Martorell, actual director de Serveis Penitenciaris de la Generalitat y antiguo responsable de los Mossos en la etapa de Jordi Pujol, con Francisco Marco, tal como quedó patente en su correspondencia electrónica publicada asimismo por este diario.
El anuncio de Sánchez-Camacho irritó a la Generalitat. El primero en reaccionar fue el exconseller de Interior y actual responsable de Empresa i Ocupació, Felip Puig. En declaraciones a Catalunya Informació, consideró “una grave irresponsabilidad” la decisión, que enmarcó en la voluntad de enrarecer la relación entre los cuerpos policiales y “atacar las posiciones políticas” de Catalunya. Puig se mostró convencido de que Prat, a quien conoce estrechamente de su etapa en Interior, no estuvo ante la puerta de la casa del responsable de Método 3. El conseller, además, justificó que la Generalitat negara la protección a SánchezCamacho en sus viajes debido a que los Mossos no tienen competencias “en el resto del Estado”.
Poco después habló el actual titular de Interior, Ramón Espadaler, que en declaraciones a TV3 criticó “el uso político” que realizaba Sánchez-Camacho al rechazar ser escoltada por los Mossos. “Mezclar seguridad con política no es apropiado”, dijo. Espadaler consideró que esta polémica no ayuda a mejorar la necesaria relación entre los diferentes cuerpos policiales, “imprescindible para garantizar la seguridad”, y añadió que por parte del Govern “no se añadirá más leña al fuego”.
El conseller de Interior contestó por escrito a la petición de la líder popular y hace constar en su carta su “confianza política y personal en la persona del director general de los Mossos d’Esquadra”, y manifiesta que el servicio ofrecido a la presidenta del PP catalán en sus desplazamien- tos por el resto de España “es el mismo que dispensamos al resto de líderes políticos y miembros del Govern, con excepción, por razones obvias, del president y que consiste en cubrir todos los desplazamientos que se puedan hacer a Madrid y al País Vasco”.
Las reacciones en el resto de partidos no se hicieron esperar. El dirigente de ERC Oriol Amoròs calificó la actitud de Sánchez-Camacho de “deslealtad institucional” y declaró que “mostrar esta desconfianza no es propia de un partido de Gobierno que, además, ha tenido una actuación en lo que respecta al tema de las escuchas muy dudosa”. El primer secretario del PSC, Pere Navarro, se alineó también con el Govern y consideró que “los separadores hacen discursos separadores y, con sus declaraciones, Camacho está dudando de la profesionalidad de los Mossos, lo que no es buena práctica para un dirigente político”.