Justicia política
La política vive una grave crisis de credibilidad abonada, entre otras razones, por la brecha creciente entre los políticos y la sociedad. En esta situación es normal que cualquiera se atreva con la política convencional y surjan intentos de sustituir el vacío que está dejando. Esto explicaría que se alcen nuevas voces, mal llamadas populistas, o que se hagan oír otras que hasta ahora acostumbraban a guardar silencio. Esto último sucede con los jueces y fiscales que últimamente han tomado protagonismo tras decidirse por hacer política. En el pasado habíamos visto casos similares de algún juez estrella, pero ahora parece que nos encontramos ante una situación más general dentro de la judicatura. La última muestra ha sido la ejemplarizante ejecución de la sentencia del caso Pallarols que implicará la entrada en prisión de dos exdirigentes de UDC declarados culpables de derivar dinero público a su partido. Esta decisión judicial ha sorprendido porque las penas pactadas eran inferiores a dos años de cárcel y es habitual que en estas circunstancias los condenados no entren en prisión. Pero los jueces han llevado al límite sus atribuciones y han optado por fijar una posición política ante la desbordante corrupción.
Esta y otras recientes decisiones de los jueces se deben enmarcar en un progresivo malestar de la judicatura con la política y el poder ejecutivo que se está manifestando de distintas formas. Desde las significativas llamadas públicas de los jueces a la revisión legislativa para evitar el drama de los desahucios hasta la inédita huelga contra la reforma de la justicia que ha abolido su gratuidad, pasando por el rechazo a lo que conside-
La judicatura está tomando protagonismo político como respuesta al malestar que vive el poder judicial
ran una desleal intromisión de la política en los temas judiciales ya sea por la vía de la dilación intencionada de los procesos que afectan a los partidos o por los polémicos y discutidos indultos del ejecutivo que han echado por tierra años de investigación y de procesos jurídicos. Todo ello, sin olvidar las cumbres anticorrupción a las que han sido convocados y donde han quedado en evidencia ante la opinión pública que ha observado una supuesta connivencia o servilismo de la justicia con la política.
Esta crítica tiene indicios razonables de veracidad ya que en nuestra democracia, donde supuestamente hay una separación de poderes, se está mezclando todo de tal manera que el sistema muestra graves síntomas de contaminación. ¿Pueden ser creíbles los más altos organismos judiciales cuyos miembros son nombrados por los partidos políticos? ¿Es razonable dudar de la imparcialidad de la Fiscalía cuando parece que atiende y prioriza las órdenes del gobierno?
Son preguntas que la ciudadanía se formula y que ni jueces ni políticos quieren responder. Quizás tengan razón las voces reformistas que reclaman una renovación integral del sistema como única fórmula para salvarlo. Eso o el caos.