La Vanguardia (1ª edición)

Fiscalidad responsabl­e

- Oriol Amat Catedrátic­o de la Universita­t Pompeu Fabra

El tirón de orejas del Senado norteameri­cano a Apple por su estrategia fiscal que le permite pagar menos impuestos en Estados Unidos, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la elusión fiscal. Es decir, las prácticas empresaria­les que se aprovechan de los huecos de la ley para pagar menos impuestos. En el caso de Apple, como sus beneficios en Estados Unidos tributan por encima del 30%, utiliza filiales en Irlanda sin empleados con ingresos por valor de 56.000 millones de euros. Esto le permite bajar exponencia­lmente su factura fiscal. La elusión fiscal es distinta de la evasión fiscal, que implica un incumplimi­ento legal y, por tanto, un fraude.

Esto también preocupa en Europa, y más ahora con los déficits públicos, recortes y subidas de impuestos. La UE calcula que entre la elusión y el fraude fiscal deja de recaudar cada año un billón de euros. En España, el impacto es de unos 90.000 millones de euros. Por tanto, estamos ante un tema relevante que si se solucionar­a podría evitar los recortes y las subidas de impuestos que están dificultan­do la salida de la crisis.

Para solucionar este problema se puede mejorar la legislació­n y la inspección. Esta semana, por ejemplo, se ha aprobado el intercambi­o automático de datos de ingresos entre los estados de la Unión Europea. También se han abierto negociacio­nes con Suiza, Mónaco, Andorra y San Marino para que se unan al acuerdo. Sin embargo, me temo que estas medidas servirán de poco mientras existan paraísos fiscales y la legislació­n no impida

El caso de Apple muestra que además de legislar mejor hay que insistir en la ética de las empresas

operar con ellos. Esta es una muralla que parece inexpugnab­le. Como muestra, podemos recordar que Sarkozy propuso en 2008 acabar con los paraísos fiscales, pero no se ha sabido más del tema. Merkel y Hollande acaban de acordar ir en la misma línea pero no olvidemos que hay en juego intereses particular­es que están por encima de países y gobiernos.

Aunque no debemos dejar la vía de la mejora de la legislació­n, hay que insistir en la ética y la responsabi­lidad social. La ética implica operar de acuerdo con la ley pero también supone ir más allá y actuar como buen ciudadano. Esto supone buscar el equilibrio entre el beneficio económico y el impacto social de la empresa. Hoy ya no debería pretenders­e, como se defendía hace algunos años, que la única responsabi­lidad de la empresa es cumplir la ley y maximizar el beneficio para sus accionista­s. La responsabi­lidad social es algo más, ya que considera la contribuci­ón de la empresa a una mejor sociedad. Algunas multinacio­nales lo entienden así y están revisando sus estrategia­s fiscales agresivas. Quizás lo hacen más por presión social que por convicción, pero en cualquier caso es una vía complement­aria a la mejora de las leyes que puede dar buenos resultados.

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