El juez abre la investigación fiscal sobre la infanta Cristina
Magistrado pide datos a Hacienda para saber si hubo fraude a través de la sociedad Aizoon ingresos de la hija del Rey crecieron el 44% en ocho años, según sus declaraciones de renta
Después de varios días de silencio procesal, el juez del caso Nóos, José Castro, ha decidido dar un paso en firme para investigar a la Infanta Cristina. El instructor ha solicitado una exhaustiva prospección a delegación de la Agencia Tributaria en Catalunya para saber si la hija del Rey ha incurrido en delito fiscal o blanqueo de capitales a través de la empresa Aizoon. El requerimiento incluye datos de las liquidaciones de dicha compañía entre 2007 y 2010, así como cuentas corrientes, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que doña Cristina sea titular.
En un auto de 46 páginas dictado ayer, Castro solicita a la Agencia Tributaria que “en el menor plazo que le sea posible razonadamente colme cualquier laguna o aclare cualquier contradicción” que pueda haber sobre la participación de la Infanta en estos supuestos delitos, que un anterior informe del mes de enero atribuye en exclusiva a su esposo, Iñaki Urdangarin. El juez quiere saber también si doña Cristina “ha podido hacer uso” de los fondos derivados de la actividad de Aizoon “para atenciones personales y familiares” o bien para la rehabilitación de la vivienda de los duques de Palma en Pedralbes.
De esta manera, el instructor cumple con la petición de la Audiencia de Palma, que en un auto del pasado día 7 insinuó la posible implicación de la Infanta en dichas actividades e instó a indagar sobre las mismas. El juez matiza que “la finalidad del requerimiento” a la Agencia Tributaria no es sólo clarificar la congruencia del informe de enero sino también “la investigación de posibles delitos”. Por este motivo advierte, “se habrán de practicar cuantas diligencias de investigación a ello conduzcan”.
La petición de Castro da cumplimiento a una solicitud del fiscal Pedro Horrach, que se había pronunciado a favor de solicitar a Hacienda que aclarase si la Infanta había incurrido en ilícitos penales. En cambio, la Abogacía del Estado, personada en la causa como parte presuntamente perjudicada por la defraudación de los antiguos gestores del Instituto Nóos, ha advertido de que no hay, a día de hoy, indicios que puedan incriminarla, al contrario que a su cónyuge, al que se acusa de un delito fiscal en el impuesto de sociedades del año 2007 junto a su exsocio Diego Torres y de otros dos en la liquidación del IRPF de 2007 y 2008. La cuota presuntamente defraudada en este último caso sería superior a los 240.000 euros. Según los investigadores de Hacienda, el duque habría tributado ingresos profesionales de asesorías a empresas como actividades de Aizoon, con el consiguiente ahorro.
La Abogacía presentó un escrito la semana pasada en el que corrige algunas de las insinuacio-
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nes de la Audiencia y apoya la tesis de que no hay indicios contra la Infanta. En suma, sostiene que las ganancias de Aizoon no se pueden atribuir a los dos socios de la empresa sino sólo a Urdangarin, que fue quien las generó. Apunta también que no se la puede considerar cooperadora o inductora de los presuntos delitos sólo por ostentar el 50% de la sociedad, puesto que el administrador único era su marido.
Según ha trascendido, la Agencia Tributaria se habría avanzado a la petición del juez y ya ma- nejaría un informe en el que se no apreciaría delito fiscal en la Infanta. El escrito presentado por la Abogacía del Estado, en representación de este mismo órgano, deja entrever que la investigación tributaria a la hija del Rey no tendrá excesivo recorrido.
En lo que afecta a la rama valenciana del caso, el juez ha librado un oficio al presidente de las Corts, Juan Cotino, para que se le remita certificación de la condición de aforados del expresidente Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Es un paso previo al envío de esta parte de la causa al Tribunal Superior valenciano, es decir, lo relativo a los convenios entre Nóos y las administraciones valencianas donde pudo haber malversación. Por estos contratos la entidad recibió 3,5 millones de euros entre 2004 y 2006. La alcaldesa de Valencia anticipó ayer que no recurrirá la decisión de Castro.
El juez también requiere a la defensa de Torres para que “terminantemente se abstenga de presentar cualquier documento que implique una intromisión en la esfera de intimidad ajena”, tal y como le había instado la Audiencia de Palma, y extiende al resto de letrados personados en la causa la “llamada de atención” del tribunal en este sentido. Castro apunta que resulta sumamente difícil restringir la entrega de correos electrónicos sin menoscabar el derecho de defensa. El juez accede a una petición del ex-
Castro reprende a Torres por los correos personales del duque y cita a 25 testigos más, entre ellos Gaspart
presidente balear, Jaume Matas, para citar a 25 testigos con el objetivo de acreditar la “trascendencia social, económica y política” de los Illes Balears Forum. Entre los citados, el expresidente del Barça Joan Gaspart.