Arranca el juicio al celador que mató a once ancianos
Joan Vila trabajaba en un geriátrico de Olot cuando fue acusado de unos crímenes por los que la fiscalía solicita 194 años de prisión
Girona
El juicio contra el celador de Olot, Joan Vila, acusado de acabar con la vida de once ancianos (tres de ellos con ensañamiento) en la residencia La Caritat, arranca mañana en el nuevo Palacio de Justicia. El celador mató a sus víctimas entre el 2009 y el 2010 haciéndoles ingerir lejía, cócteles de medicamentos o con una sobredosis de insulina. El fiscal pide para Vila –uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia reciente de España–, un total de 194 años de prisión. La defensa solicita libertad vigilada por un máximo de 20 años. Las acusa-
La defensa admite los hechos, pero alega que el acusado atravesaba una “alteración psíquica”
ciones particulares reclaman 202 años. Más de 120 testigos y peritos pasarán por una vista, que se alargará hasta el siete de junio.
Según consta en el escrito del fiscal, el celador, detenido el 19 de octubre del 2010, se aprovechó de la edad de los ancianos y su imposibilidad de defensa. Ocho de los once internos murieron después de que el procesado les diera una mezcla de psicofármacos triturados o una sobredosis de insulina, mientras que a las tres últimas víctimas les obligó a ingerir productos cáusticos, lo que les provocó “sufrimiento, gra- ves dolores y padecimientos, tos, vómitos, convulsiones y una crisis respiratoria”. Es por ello por lo que se añade el agravante de ensañamiento a estos tres casos.
El ministerio fiscal contempla la posibilidad de reconocer al acusado, que declarará mañana por la tarde, el atenuante de confesión de los ocho crímenes que contó de manera voluntaria en la declaración judicial del 31 de noviembre del 2010 pero no admite que sufra trastorno mental alguno. El letrado de la defensa, Carles Monguilod, reconoce que los hechos son constitutivos de once delitos de asesinato, aunque considera que en el momento de actuar el acusado padecía una “alteración psíquica” –no una enfermedad– que le llevaba a creer que la suya era una “conducta moralmente buena”. Según la defensa, el procesado creía que la calidad de vida de los fallecidos estaba muy deteriorada y, por ello, decidió “acabar con esos padecimientos, provocándoles la muerte de manera voluntaria”.
El fiscal fija las indemnizaciones para los familiares de las víctimas que va a pedir al tribunal en 530.000 euros.