El Govern abre diálogo con el Estado sobre el informe de duplicidades
La Sindicatura de Comptes defiende su ámbito competencial
La Generalitat descarta el enfrentamiento y ha abierto una vía de diálogo con el Gobierno del Estado para discutir el contenido del informe sobre duplicidades administrativas elaborado por la Moncloa, que incluye un centenar largo de recomendaciones de corte recentralizador y prevé la supresión de diversos organismos públicos autonómicos con el doble argumento de evitar duplicidades y ahorrar dinero. La primera toma de contacto se ha producido de vicepresidenta a vicepresidenta, entre Soraya Sáenz de Santamaría y Joana Ortega, según informó ayer la número dos del Govern a representantes parlamentarios de CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y la CUP, con los que se reunió para trasladarles el contenido del informe y estudiar posibles respuestas. Todos, salvo PP y C’s, expresaron el rechazo a un informe que el Govern ya definió como una “operación de recentralización” y “reforma encubierta de la Constitución”, según el portavoz, Francesc Homs.
Ortega, según explicó tras el encuentro de ayer Lluís Maria Corominas (CiU), pidió a los grupos del Parlament “confianza” en los posibles resultados del diálogo con Sáenz de Santamaría, con la que les informó que había hablado por teléfono, y les aseguró que la Generalitat “no dará ni un paso atrás” en la defensa del autogobierno y de las competencias autonómicas. El informe de duplicidades, elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones del Gobierno Rajoy, plantea 120 medidas de voluntad recentralizadora y uniformizadora, según el lenguaje que emplea el propio informe, y defiende la eliminación de organismos e instituciones protegidas por el Estatut como el Síndic de Greuges y la Sindicatura de Comptes, y otras como el Institut Cartogràfic o el Centre d’Estudis d’Opinió. Son medidas de carácter voluntario, pero el Govern y los partidos catalanes intuyen que acabará concretándose en leyes.
De ahí la reunión de ayer en el Departament de Governació, tras la que los representantes parlamentarios dieron su valoración. Corominas (CiU) destacó que el informe contiene medidas “que van contra el autogobierno” y demuestra que “el Estado no ha hecho su trabajo”, ya que mantiene gastos y competencias que debía haber eliminado. CiU dio la “bienvenida” al diálogo anunciado por Joana Ortega, pero aseguró que se mantendrán en alerta.
En nombre de ERC, Sergi Sabrià valoró que el informe “es un nuevo ataque al país” y expresó su apoyo al Govern. “Defendemos el diálogo con el Estado, pero pedimos firmeza, no dar ni un paso atrás”, dijo Sabrià, que pidió a la Generalitat que “no acate, en cuanto esto vaya más allá de ser un informe”. Núria Parlón (PSC) aseguró que el informe “habla de racionalizar, pero lo que hace es privatizar y suprimir servicios sociales” y reclamó que se convoque la comisión bilateral Estado-Generalitat y en este marco se “busque el consenso”. Jaume Bosch (ICV) alertó que “el paso siguiente será decir que no hace falta el Parlament porque ya están las Cortes, ni la Generalitat porque hay un gobierno del Estado”.
Pere Calbó (PP) criticó que la Generalitat “no está impulsando un verdadero diálogo” sino que busca “el frentismo y el victimismo”. Carina Mejías (C’s) defendió que no van a “participar en ningún frente común” contra el informe, que “no ataca el autogobierno”.
En defensa del ámbito de la Sindicatura de Comptes, el síndic major, Jaume Amat, criticó que el informe tiene una “intencionalidad eminentemente política, ya que no se aguanta” desde el punto de vista legal ni técnico.