La Vanguardia (1ª edición)

Hacienda somos todos

- Isabel Garcia Pagan

Oyendo a Montoro, junto al deber de pagar, no se intuye el derecho a confiar en la Agencia Tributaria

se intuye el derecho ciudadano a confiar en una administra­ción fiscal profesiona­l, independie­nte y de eficacia técnica.

La actual crisis en la que se halla inmersa la Agencia Tributaria redunda en un estilo de imposición partidista que en otros frentes ya alimenta, por ejemplo, la ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Las pretension­es de reforma jerárquica de Montoro en el seno de la administra­ción tributaria topan con los criterios de los inspectore­s y solivianta a toda la oposición, como Wert expulsó cualquier posibilida­d de acuerdo con la comunidad educativa y el resto de partidos que diera estabilida­d al sistema.

Se trata de una particular visión de eso que llaman cuestiones de Estado. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba abordan la cuestión catalana como tal, pero para casi todo el resto, Montoro disfruta de manga ancha: puentea al ministerio de Industria para pactar la factura de la luz, incomoda al ministerio de Economía con sus previsione­s, gestiona el tempo de las inyeccione­s de liquidez a las autonomías, poda la autonomía local... y hasta vaticina futuras victorias del PP porque “los mercados no son gilipollas” y porque “Hacienda somos todos”.

Hacienda somos todos” desde que en 1977 Francisco Fernández Ordóñez se inventara una campaña publicitar­ia en la que Bárbara Rey se dirigía a los españoles para dar fe de que hacía la declaració­n de la renta. No había impediment­o en cumplir con el fisco pese a que compartía con Ángel Cristo una casa con ruedas y avanzaban ambos por el inexorable camino de convertir su vida en un circo. Eso era cuando Bárbara y Ángel –aseguraba la vedette en TVE– siempre decían la verdad, “también a Hacienda”. La campaña tiene incluso más años que la Constituci­ón pero nadie que la defienda. Según el último estudio del CIS de opinión pública y política fiscal, la percepción de la existencia de fraude fiscal en España hace mella en el 94,8% de los españoles y un 67% cree que la administra­ción hace pocos esfuerzos para erradicarl­o. Si se suma al ministro de Hacienda justifican­do una interminab­le cadena de ceses en la cúpula de la Agencia Tributaria alegando que estaba llena de socialista­s –aunque unos cuantos los nombrara su propio equipo–, el eslogan de la campaña setentera suena hoy tan desfasado como la televisión en blanco y negro.

Aquella reforma fiscal fue fruto de los pactos de la Moncloa, pero una cosa es acordar entre todos los partidos la obligación ciudadana de pagar y, treinta y seis años después, que el PP pueda disfrutar de tener la Agencia Tributaria por el mango justo cuando los jueces ahogan y veremos si aprietan. Ahí están las polémicas por el caso Nóos y los DNI erróneos de la infanta, la doble contabilid­ad de Luis Bárcenas, la polvareda por el expediente de Cemex... Escuchando a Cristóbal Montoro, junto al deber de pagar, no

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