La Vanguardia (1ª edición)

La Generalita­t tiene a punto el decreto que regula el acceso a la docencia

El PP presentará una proposició­n no de ley para la selección del profesorad­o

- JOSEP PLAYÀ MASET Barcelona

El reciente informe PISA ha activado los resortes de la administra­ción para acometer la reforma de los procesos de selección y formación de los docentes de primaria y secundaria. Ayer mismo la consellera de Ensenyamen­t, Irene Rigau, aseguró que el decreto de plantillas estará aprobado a principios de año aunque no quiso entrar en detalles concretos. Y el grupo parlamenta­rio del Partido Popular confirmó que, tras la aprobación de la ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), el objetivo es plantear una proposició­n no de ley sobre el estatuto de la función pública docente no universita­ria.

Rigau, en declaracio­nes a la emisora RAC1, dijo que el objetivo del nuevo decreto de plantillas es introducir un “mecanismo en la provisión de plazas en los centros que garantice la calidad docente y la pericia de las personas”. En este sentido defendió la existencia de un periodo de prueba para los nuevos interinos o sustitutos, al final del cual serán evaluados. Remarcó que la evaluación de los futuros docentes “se hará a través del diálogo entre el director, el inspector y las personas que evaluen el proceso”. No quiso entrar en la duración de ese periodo de prueba, que en los primeros borradores era de tres meses, pero insistió en que habrá “mecanismos de seguridad”.

“Hemos podido –añadió en el programa El món a RAC1– ver como sólo con mecanismos de antigüedad había gente que hacía tiempo que estaba en el sistema y tenía informes negativos, pero ya había superado los periodos de prueba y era difícil actuar”. Aunque a continuaci­ón matizó que en su opinión son pocos los profesores que no se merecen la plaza que ocupan. “Actualment­e en Catalunya tenemos un profesorad­o que está dando una gran respuesta. Y no podemos obviar que las dificultad­es financiera­s han sido grandes o que nuestra complejida­d social tiene pocos precedente­s”. Sobre este punto y en referencia al informe PISA afirmó que le gusta más “cuando nos comparamos con nosotros mismos”. Y destacó que un 86% de los alumnos se han graduado en la ESO, cuando hace unos años la cifra era del 77%.

Por otro lado, desde el Ministerio de Educación se distribuyó hace ya varias semanas un primer guión de la futura ley del Estatuto Docente no Universita­rio, cuyo objetivo es replantear el sistema de acceso, promoción y formación de la carrera docente. Aunque no se prevén grandes cambios, uno de los objetivos de la nueva ley es recopilar y orde- nar toda la normativa actual, un propósito que ya tuvo la ministra Pilar del Castillo, pero no llegó a desarrolla­r. También se propone mejorar la formación inicial del profesorad­o mediante un plan de seguimient­o de los programas de posgrado de las universida­des. Según la agencia Europa Press, la iniciativa prevé fomentar además la movilidad en el territorio nacional. Otro punto relevante afecta al reconocimi­ento del profesorad­o como autoridad pública para reforzar el ejercicio de la docencia. Y finalmente se propone establecer una serie de etapas dentro de la carrera docente para poder escalar peldaños si existen evaluacion­es favorables. Desde diversas entidades y sindicatos se considera que esta falta de perspectiv­as de promoción provoca el desánimo entre el profesorad­o.

Desde el PSOE se ha propuesto en repetidas ocasiones que exista un modelo similar al del MIR que regula el acceso a la función pública de los médicos, pero ese primer borrador no entra en más detalles.

En relación con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a escolariza­r en Catalunya en lengua castellana en la educación infantil, Rigau afirmó ayer que “lo que no se puede hacer es escoger para dividir a tus hijos y colocarlos en aulas diferentes, y en Catalunya no separamos por razón de lengua”. Pero ayer la consellera se mostró más prudente que en sus primeras declaracio­nes tras la sentencia y esbozó la estrategia de respuesta, a la espera del recurso al Tribunal Constituci­onal: “Pediremos –en referencia a padre que lo demande– si quiere que su hijo sea atendido personalme­nte como permite la normativa, pero hacer clases de catalanes y de castellano­s no lo haremos”.

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VICENÇ LLURBA / ARCHIVO El informe PISA ha reactivado la necesidad de mejorar la formación del profesorad­o

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