El TC avala liberalizar la apertura de grandes superficies
El Constitucional tumba las restricciones fijadas por la Generalitat
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha apuntado una victoria en sus múltiples frentes judiciales que mantiene con la Generalitat en materia de competencias. El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado en contra de las restricciones que el Ejecutivo de CiU había introducido por ley a la implantación y apertura de centros comerciales de una superficie superior a los 800 metros cuadrados.
El alto tribunal considera inconstitucionales los artículos correspondientes a la ley de promoción de la actividad económica de Catalunya sobre esta materia, una ley aprobada por el Parlament en diciembre de 2011, y da vía libre al Gobierno central para su proyecto de liberalización de este sector, que cuenta con el apoyo de los grandes grupos de distribución.
El fallo del Constitucional –al que ha tenido acceso este diario– considera que la normativa catalana, que limita la apertura de centros medianos (entre 800 y 1.300 metros cuadrados) a mu- nicipios de 5.000 habitantes o capitales de comarca y la de las grandes dimensiones (más de 2.500 metros) a municipios de 50.000 habitantes, vulnera “el reparto de competencias”, sin que la Generalitat haya expuesto para ello “más que razones económicas”. Asimismo cree que la normativa catalana estaba vulnerando el libre acceso a cualquier actividad de servicio.
La próxima batalla en el Constitucional serán las respectivas leyes de horarios comerciales
El fallo es un nuevo episodio de la guerra competencial abierta entre la Generalitat y el Gobierno, especialmente con el proyecto de liberalización del sector del comercio y las grandes superficies impulsado por el secretario de Estado del sector, Jaime García-Legaz.
Un plan que ha sublevado a numerosos gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Generali- tat, que ha intentando poner límites al proyecto, al considerar que la liberalización de las grandes superficies pone a en peligro el modelo de comercio catalán, basado en la protección del pequeño y mediano comerciante y el comercio urbano.
Fuentes del Ejecutivo central valoraban ayer el fallo del TC como “un preámbulo” de futuras sentencias favorable a sus intereses en materia de comercial. La lista de recursos –en ambas direcciones– es larga, pero la batalla principal se concentra en la liberalización de horarios comerciales, aprobada por el Gobierno español en el verano del 2012. Posteriormente, la Generalitat aprobó a final de octubre por vía urgente una normativa que limitaba los horarios a 72 horas semanales y 8 festivos abiertos. Dicha normativa fue recurrida por el Gobierno a principios del 2013 y actualmente se encuentra suspendida por el TC. Paralelamente, el Govern ha recurrido al Constitucional la ley española. Como resultado de esta batalla legal, actualmente el sector se encuentra en una especie de limbo jurídico, aunque la mayoría acata la normativa catalana.