La Vanguardia (1ª edición)

La justicia empieza por el postre

- SANTIAGO TARÍN Barcelona

Fèlix Millet se sienta mañana en el banquillo. Pero no por saquear el Palau, sino por intentar construir un hotel en las inmediacio­nes.

En los tribunales, los procesos no se sirven en el mismo orden que los platos en un restaurant­e: a veces el postre llega antes que el plato principal. Mañana arranca en la Audiencia de Barcelona el primer juicio contra Fèlix Millet y Jordi Montull, pero no es por el saqueo del Palau de la Música, sino por el proyecto de construir un hotel junto a la institució­n cultural, que es la guinda del pastel. El via crucis de Millet por los juzgados arranca por el postre.

Un proyecto que se quedó en el plano y que llegó a los juzgados cuando ya se investigab­a el enorme desfalco que se había perpetrado en el Palau. Aunque se trata de un episodio de un volumen económicam­ente más discreto frente a la causa principal, fue ese hotel el que llevó a Millet y Montull, los otrora todopodero­sos gestores de la institució­n, a pasar trece días de junio del 2010 en una celda del centro penitencia­rio Brians 2.

El juicio por la operación del hotel del Palau no es la causa más esperada, pero no es un asunto menor. Tampoco políticame­nte. El fiscal pide para Millet y Montull penas que alcanzan la década de permanenci­a en la cárcel, y les acompañan en el banquillo de los acusados el arquitecto que trabajaba con ellos, Carles Díaz, y la anterior cúpula de urbanismo del Ayuntamien­to de Barcelona: Ramón García Bragado, que fue secretario general del Govern de la Generalita­t y luego teniente de alcalde de Barcelona; Ramón Massaguer, exgerente de Urbanismo del Consistori­o; y Enric Lambies, jefe de la asesoría jurídica de este departamen­to municipal.

¿Qué se va a dilucidar en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona? Pues si en el proyecto de levantar un hotel junto al Palau de la Música se manejaron tráficos de influencia­s por particular­es y funcionari­os, si se cometieron falsedades en documentos públicos, si servidores públicos dictaron resolucion­es a sabiendas de que eran injustas (prevaricac­ión) y si, en el camino, Millet y Montull se embolsaron 900.000 euros y causaron una pérdida patrimonia­l a la Generalita­t de 5,6 millones de euros por la permuta de una finca pública junto a la plaza Sant Jaume..

El hotel del Palau de la Música tenía que levantarse frente al emblemátic­o edificio modernista; ocupando los números 13b, 15 y 17 de la calle Sant Pere més baix. Dos de estos inmuebles están catalogado­s y gozan de una protección especial como bien de interés cultural y son propiedad de La Salle Comtal, que tenía que percibir una compensaci­ón por desprender­se de ellos y la promesa de realizar unas convenient­es obras en el colegio vecino del mismo Palau.

Pero no era tan sencillo. Para que se plasmara la operación se necesitaba modificar el Plan General Metropolit­ano y cambiar las calificaci­ones urbanístic­as. La vía escogida fue firmar un convenio con la Generalita­t por el cual se permutaban las citadas fincas con un edificio que ocupó la Sindicatur­a de Comptes.

Un proceso larguísimo, que se inicio en el año 2002, que se fue torciendo paulatinam­ente cuando la Generalita­t no modificó la catalogaci­ón de los edificios protegidos de la calle Sant Pere més baix, se despertó la reacción vecinal contra los cambios en el barrio, y que se frustró definitiva- mente cuando el juez entró en el Palau de la Música el 23 de julio del 2009, descubrien­do las tremendas trapacería­s cometidas en la institució­n cultural.

Según la Fiscalía, Millet y Montull hicieron valer el prestigio y la estima por la entidad para conseguir su objetivo de tener un hotel, y tejieron una red de relaciones para llevar adelante su propósito y sacar réditos de ello. Y, para culminar el plan, se embolsaron 900.000 euros cobrados a un empresario, Manuel Valderrama, a quien prometiero­n ceder el negocio hotelero. En contraposi­ción, en los escritos de Millet y Montull se señala que no hubo delito alguno, que los contactos fueron normales, que no se cobraron sobornos y que la operación inmobiliar­ia “obedecía a un interés privado, pero legítimo”.

Todo lo que rodea a Millet y Montull es excesivo. También en esa operación: el gran volumen de cartas y correos electrónic­os dirigidos a todo cargo público implicado directa o indirectam­ente en el proyecto, las gestiones para encontrar socio para el hotel, el número de llamadas y de reuniones y los rifirrafes con quienes se oponían. La lista de testigos, que alcanza 41 nombres, es prueba de la hiperactiv­idad de los anteriores dirigentes del Palau: por la Audiencia pasarán el exconselle­r socialista de Economia de la Generalita­t, Antoni Castells; excargos municipale­s como Carles Martí (que fue teniente de alcalde) o Itziar González (exconcejal de Ciutat Vella); constructo­res como José Luis Núñez o arquitecto­s como Oscar Tusquets. Y para rematar las comparecen­cias de testigos, el 19 de marzo, el actual alcalde, Xavier Trias, y su antecesor, Jordi Hereu.

No es un asunto políticame­nte inocuo. Sólo hace falta repasar la mencionada lista de testigos. También fue objeto de atención de la comisión de investigac­ión del Parlament dedicada al expolio de la institució­n cultural. Las cosas que afectan a Millet no son nimias: hasta dos magistrado­s se han excusado de formar parte del tribunal por conocer a la antigua cabeza visible del Palau de la Música. Este juicio no es el plato principal, es el postre, pero es un postre contundent­e.

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